Los funcionarios de prisiones de Alicante reivindican que se les otorgue la condición de profesión de riesgo

Alicante

Los funcionarios de prisiones de Alicante revindican al Ministerio del Interior medidas eficientes para mejorar la seguridad en las cárceles. Reclaman que, de una vez por todas sean reconocidos como "agentes de la autoridad" pero también que se declare la condición de "profesión de riesgo".

Este próximo 24 de septiembre se celebra el día de Nuestra Señora de la Merced, la patrona de las instituciones penitenciarias, y desde el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar, TAMPM, aseguran que no participarán en los actos oficiales para mostrar su descontento ante la falta de seguridad y de condiciones para desarrollar su trabajo. Todo ello, además, en un año en el que una trabajadora de una cárcel de Cataluña fue asesinada por un interno.

Marcos Luaces, coordinador en Alicante del sindicato, explica que la prisión de Fontcalent y el Hospital Psiquiátrico Penitenciario son espacios arquitectónicos que no cumplen unos mínimos que garanticen la seguridad de los funcionarios, lo que vulnera la legislación sobre riesgos laborales.

Recuerda que, según las estadísticas oficiales, las agresiones a funcionarios de prisiones aumentaron más de un 10% en 2023 con respecto al año anterior, unas cifras que para el sindicato "están maquilladas" pero que aun así "reflejan el grave problema que sufren".

Luaces señala que los trabajadores no cuentan con la formación necesaria para hacer frente a las agresiones y lamenta que no sean reconocidos como agentes de la autoridad por "un problema político". También reivindican la condición de profesión de riesgo, lo que mejoraría la consideración social y las condiciones de jubilación.

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Desde el sindicato también alertan del déficit de personal que sufren las prisiones alicantinas y que se puede agravar en los próximos meses.

Luaces explica que desde hace más de año y medio no se ha convocado el concurso anual de traslados, lo que provoca problemas a la hora de la conciliación familiar y en los derechos de los funcionarios. Señala que no hay concurso de traslados por un error administrativo que llevan acarreando cinco años y que los mandos de Instituciones Penitenciarias no han querido remediar.

En los próximos meses, los más de 30 funcionarios en prácticas que están trabajando en las prisiones de Alicante tendrán que marcharse y buscar otras ciudades como primer destino de carrera. Esto agravará aún más el déficit de personal que arrastran históricamente las cárceles de la provincia.