El PSPV pide a la Generalitat que derogue el decreto que "recorta" las ayudas a la dependencia
El PP ya respondió a la denuncia de UGT asegurando que no hay ningún recorte y defendiendo el aumento de inversión por parte del Consell en materia de dependencia
El sistema de dependencia de la Comunitat Valenciana ya atiende a más de 100.000 personas. / Getty
València
El PSPV-PSOE ha pedido este domingo a la Conselleria de Servicios Sociales que derogue "de manera urgente" la instrucción aprobada el 19 de abril por la que las personas dependientes en lista de espera y que, como consecuencia de agravarse su situación, modifican su solicitud de prestación, pierden el derecho a recibir el pago de los atrasos de las ayudas a la dependencia.
La coportavoz de Política Social del Grupo Socialista en Les Corts Valencianes, Silvia Gómez, ha anunciado este domingo que su partido ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) reclamando a la vicepresidenta Susana Camarero "la rectificación inmediata de la medida" y la revocación de la citada instrucción, así como una batería de preguntas y solicitudes de documentación para conocer cuántas personas se han visto afectadas por este recorte de las ayudas y el perjuicio económico que se les ha causado, además de todos los informes, jurídico, económico o técnicos, que han avalado la decisión.
La diputada socialista ha afirmado que supone "un grave recorte" de derechos de las personas demandantes de las ayudas a la dependencia que lo que necesitan "es un Gobierno que les facilite la vida y no uno, como el que tenemos ahora, que se la complica".
Ha señalado que con la nueva norma que pretende aplicar el Consell si la persona dependiente o su familia realiza un cambio en la solicitud porque su situación ha cambiado "pierden de forma inmediata el derecho a recibir las ayudas no percibidas desde el momento de la solicitud inicial, y se les condena a ponerles el contador a cero".
Los cambios son "muy habituales"
Silvia Gómez señala que los cambios en la solicitud de la prestación son muy habituales, ya que, como denunció esta semana el sindicato UGT, con una espera media de 314 días hasta la aprobación de las ayudas, a menudo se produce un empeoramiento de la situación de los solicitantes, que conlleva la necesidad de mayores cuidados y, en consecuencia, la petición de un servicio o prestación distinto al que se hizo en la solicitud inicial, por ejemplo, el ingreso en una residencia.
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Al ponerse el contador a cero, los afectados, según UGT, pueden llegar a perder por los atrasos no reconocidos más de 840 euros al mes en el caso de una prestación vinculada al Servicio de Ayuda a Domicilio o 747 euros al mes si es un Centro de Día, afirma el PSPV.
"Dado que, al ponerse el contador a cero, se pierden como mínimo los 6 primeros meses iniciales, el coste económico para los afectados es unos 5.000 euros, que se convierten en más de 10.000 euros si el retraso supera el año", añade.
El PP defiende la política en dependencia
El Partido Popular ya respondió este viernes a la denuncia de UGT y defendió "el esfuerzo presupuestario del Consell de Carlos Mazón en materia de dependencia frente a los incumplimientos del Gobierno de Pedro Sánchez". Según la diputada del Grupo Popular en Les Corts Elena Bastidas, el Ejecutivo valenciano ha destinado ya 68 millones de euros más a la atención a la dependencia este año en comparación con 2023, una cuantía financiada exclusivamente con recursos propios de la Generalitat Valenciana.
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La portavoz de Política Social del GPP destaca que, gracias a la gestión del Consell de Carlos Mazón, se ha logrado un récord histórico con más de 160.000 personas atendidas, casi 20.000 más en el último año. “Esto refleja el compromiso del Gobierno valenciano con los más vulnerables, pero también la falta de solidaridad del Gobierno central, que debería asumir su responsabilidad y contribuir con la parte que le corresponde”, afirma. Y es que el Gobierno socialista apenas aporta un 22% del gasto necesario, muy lejos de su obligación de aportar el 50%, según ha recordado el Partido Popular valenciano.
Bastidas, quien ha añade que la Dirección General de Dependencia se ha reunido con los agentes sociales para explicar las novedades respecto a las prestaciones. “No es cierto que haya ni vaya a haber recortes en la atención a la dependencia”, ha asegurado, “estamos trabajando para que las ayudas lleguen a quienes más lo necesitan y para dotar a todo el proceso de la seguridad jurídica que requiere”.
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