Compromís y PSPV critican los "recortes" en Servicios Sociales que niega el Ayuntamiento de València

València

Compromís denuncia que el gobierno de María José Catalá ha recortado las ayudas de emergencia social más del 50 por ciento. Así se desprende de una respuesta de la concejala de Servicios Sociales, Marta torrado.

La concejala de Compromís denuncia que se han recortado ayudas que cubren necesidades básicas como la manutención, la alimentación infantil, la higiene, y las deudas de alquiler o de luz, agua y gas, para evitar el corte de suministro o desahucios a personas en situación de vulnerabilidad social.

El propio servicio municipal alerta al gobierno de la falta de recursos en un informe interno. Tanto es así, que el consistorio, según Compromís, no podrá hacer frente a las ayudas sociales a partir de septiembre por falta de presupuesto.

Fuentes municipales señalan que el Ayuntamiento no ha dejado sin ayuda a ninguna persona que la necesita y que para finales de 2024 las ayudas de emergencia social está previsto llegar a los 10 millones de euros, frente a los 7 de 2023. Además las cifras señalan que se han tramitado 20.000 expedientes de Renta Valenciana de Inclusión y más de 70.000 unidades familiares de la ciudad la reciben.

Una vez más, según esas fuentes, asistimos a un ejercicio de demagogia de la izquierda que dejaron unos Servicios Sociales en situación crítica. Además no va a faltar presupuesto para acabar el año 2024 porque para el PP ayudar a los más desfavorecidos es una prioridad.

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Agua en los asentamientos

Por su parte, el PSPV denuncia que el gobierno de María José Catalá ha dejado sin agua los asentamientos chabolistas y considera que es parte de su estrategia para arremeter contra las personas vulnerables.

Y es que la ONG Ayuda a una familia, la misma a la que se ha prohibido repartir comida en el Jardín del Turia, ha dejado de llenar los depósitos que había instalado cerca de los asentamientos por falta de recursos.

La concejala socialista, Maite Ibáñez, exige al Ayuntamiento que instale fuentes de agua de emergencia como las que se pusieron durante la pandemia.

Pero la concejalía de Servicios Sociales asegura que esta ONG no ha informado de esta decisión y aclara que el agua de esos depósitos no tenía ningún tipo de control sanitario y, por tanto, no era recomendable para consumo humano.

La concejala Marta Torrado explica que el Ayuntamiento tiene en vigor un contrato de más de 300.000 euros con la Fundación Alana, que es quien trabaja en los asentamientos ilegales de la ciudad ofreciendo una atención educativa, social o sanitaria.

Además, a través de las ayudas sociales municipales numerosas familias reciben alimentos y agua y si se detectan alguna necesidad específica se soluciona de forma inmediata, algo que no ha sucedido hasta el momento. Torrado pide a los socialistas que no hagan demagogia con los más vulnerables.

Y remarca que Compromís y PSPV no están para dar lecciones sobre servicios sociales porque fue durante su gobierno cuando aumentaron estos asentamientos, de 948 en 2015 a 1.149 en 2023, una situación que ahora se trabaja para revertir.

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