La Plataforma por la Reversión del Vinalopó amenaza con la vía judicial

Elche

La Plataforma por la Reversión del Vinalopó se ha concentrado esta mañana a las puertas del hospital para mostrar su rechazo ante la decisión de la Conselleria de Sanidad de prorrogar la privatización de la gestión del departamento Elx/Crevillent. En los últimos meses, la plataforma ha recogido más de 15.000 firmas que han entregado a la Conselleria de Sanidad y al Síndic de Greuges para darles a conocer la postura de una parte de la población respecto a la atención sanitaria que se presta a los usuarios y usuarias del área.

La miembro de la plataforma, Eva Irles, ha asegurado que pese a que se haya llevado adelante la prórroga, la plataforma seguirá trabajando para que el Vinalopó se revierta a la gestión pública sin descartar la vía judicial porque ponen en duda la viabilidad jurídica de esta decisión al entender que no está avalada en informes ni documentos. Irles ha insistido en que los usuarios y usuarias del departamento quedan como "ciudadanos de segunda" con el único departamento en la Comunitat Valenciana de gestión privada con deficiencias que han denunciado en los últimos meses en lo que respectar a la atención sanitaria.

Por su parte, desde la Asociación de Vecinos del Toscar, Paqui Ortiz, ha destacado que la prórroga supone un desprecio del gobierno valenciano y el alcalde de Elche, Pablo Ruz, a la voluntad de la ciudadanía. Ortiz ha asegurado que mantener la gestión privada perjudica a los trabajadores con condiciones precarias, a los pacientes que sufren la demora de las citas y a los gobernantes que no han sabido escuchar las protestas con más de 15.000 firmas. Paqui Ortiz ha insistido en que se sienten defraudados y ninguneados, pero han añadido que van a "seguir en la lucha por la reversión".

La portavoz de Compromís, Esther Díez, ha explicado que la decisión del gobierno de Partido Popular y Vox es "escandalosa" e "injustificable". Díez ha asegurado que esta decisión se ha adoptado sin tener en cuenta informes que fueran públicos, en contra de los profesionales y de la ciudadanía que se ha manifestado. Esther Díez ha señalado que las normas de verificación que han exigido a la empresa concesionaria es una manera de evitar decir con claridad que se iba a hacer efectiva la prórroga por la proximidad de las elecciones europeas. Compromís va a reclamar de nuevo toda la información que avale continuar con la concesión privada.