Alicante

El Sindicat de Barri de Carolines y el Sindicat d’Habitatge de València han coordinado este viernes una acción conjunta contra el Banco Sabadell y el fondo buitre Promontoria Coliseum. Han ocupado las sedes de las oficinas de Solvia, la inmobiliaria del banco, en Alicante y València para exigir el paro de los desahucios iniciados por el fondo tras adquirir un importante paquete de viviendas que estaban usándose para alquiler social.

Calculan que en ambas provincias habría más de 20 familias afectadas, que pueden ser muchas más en toda la Comunitat Valenciana, y piden un contacto para poder renegociar con el fondo renovar esos alquileres sociales o recomprar algunas de las viviendas.

Andrés Mazón, miembro del Sindicat de Barri, lamenta que no pueden negociar como Promontoria Coliseum porque no tiene sede social en la región, por lo que han ocupado temporalmente las oficinas de Solvia para presionar al Banco Sabadell y que facilite la negociación con el fondo buitre.

Los responsables de la oficina de Solvia de Alicante se han comprometido a trasladar su petición a la sede central para que se ponga en contacto con el Sindicat de Barri.

Dos meses de las viviendas sociales del cementerio

Esquerra Unida - Podem denuncia que han transcurrido dos meses desde que el Pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobó intervenir "de manera urgente" en las viviendas municipales del Vial de los Cipreses, en el barrio del Cementerio, pero no se ha llevado a cabo ninguna actuación.

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Su portavoz, Manolo Copé, recuerda que fue una iniciativa que apoyaron todos los grupos municipales para evitar nuevas caídas del falso techo que se habían producido tras un episodio de lluvias y que ponían en riesgo a las cuatro familias con menores que residen en esas viviendas sociales del Consisitorio.

Destaca que la declaración institucional comprometía al equipo de gobierno a realizar una actuación provisional "lo más urgente posible" ante el "riesgo real" de que ocurriera algún accidente, pero la nula actuación del PP en todo este tiempo es "un ejemplo paradigmático de su nefasta política de vivienda", dice. Por eso, acusa al alcalde, Luis Barcala, de "dejación de funciones".

Además, la propuesta instaba al equipo de gobierno a que optara a las líneas de financiación estatales del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos del Ministerio de la Vivienda y Agenda Urbana para una reforma integral de las cuatro viviendas a largo plazo.