Mejorar las condiciones a los funcionarios para mejorar la atención a la ciudadanía de la Comunitat Valenciana

Una agenda de compromisos y fechas. Así han definido los responsables de función pública de los sindicatos CSIF, CCOO y Ugt el acuerdo de legislatura que hoy han firmado con el president Carlos Mazón en la Generalitat. Lo avanzó la SER, se busca mejorar el servicio a la ciudadanía mejorando las condiciones de trabajo de los funcionarios de los sectores clave: servicios públicos, educación, sanidad, justicia... Los ejes del acuerdo son la estabilidad laboral reduciendo la temporalidad, la jornada de 35 horas, reducir la brecha salarial, trabajar en pos de la igualdad de hombres y mujeres y protocolos contra la violencia de género en el ámbito laboral. Un buen punto de partida, han destacado los tres sindicatos, que ahora precisará de una negociación dura y que no es ningún cheque en blanco. Escuchamos a Rafael Cantó, Pilar de Vera y Mayte Montaner. El president, que añadía a esos objetivos el de luchar contra la estigmatización injusta de los funcionarios por una parte de la sociedad, ha agradecido que los sindicatos no consideren el acuerdo un cheque en blanco. Eso le motiva para perseguir el objetivo último: mejorar el servicio a la ciudadanía. Una comisión de seguimiento se encargará del cumplimiento de la agenda y de los compromisos. Mazón no ha querido avanzar cómo se regulará, por ejemplo, el tema de las 35 horas en el ámbito sanitario. Una de las primeras medidas del conseller Marciano Gómez fue no aplicar el acuerdo firmado en tiempos del botànic. Mazón ha dicho que toca negociar y que sus palabras podrían predisponer para evitar pronunciarse. Por lo que respecta a la reducción de la temporalidad en la Administración valenciana, la Generalitat y los sindicatos se comprometen a que las Ofertas de Empleo Público se encaminen hacia el objetivo de que la temporalidad quede por debajo del 8 % a final de la legislatura. Para ello, se acuerda también de manera unánime solicitar al Gobierno de España la eliminación de la tasa de reposición. Asimismo, ambas partes se comprometen a desarrollar un Plan Estratégico de Recursos Humanos en todos los sectores de la Administración autonómica (incluidos Sanidad, Educación o Justicia) y el resultado de este plan servirá de diagnóstico para mejorar la cultura organizativa de la administración y para adecuar los procesos de selección. Este documento recoge por primera vez la negociación de aquellos aspectos relativos a la evaluación del desempeño. Uno de los propósitos de este Consell es aspirar a la eficacia y eficiencia de la Administración, para lo cual se necesita orientar el trabajo de los funcionarios a la consecución de unos objetivos estratégicos y la evaluación de los mismos. Al respecto, se incluyen otros aspectos como el análisis de las ausencias en la jornada laboral. En este sentido, se contempla que la evaluación del desempeño se retribuirá de acuerdo con la evaluación y con complementos variables, es decir, complementos no consolidables que variarán cada año en función del rendimiento. El acuerdo también recoge la negociación de la implantación de la jornada de 35 horas y del teletrabajo, cuestiones que están condicionadas a la disponibilidad presupuestaria y a la garantía de que su puesta en funcionamiento no afecte a la correcta prestación de los servicios públicos. Del mismo modo, el pacto prevé la revisión de los planes de igualdad con el fin de adaptarlos a la normativa vigente, así como elaborar nuevos en los ámbitos donde no existan o que hayan caducado. Igualmente, se recoge la realización de cursos de formación sobre igualdad y violencia sobre la mujer, en los que se tendrá en cuenta en los baremos de acceso, provisión y promoción profesional. Además, el derecho a la movilidad de las trabajadoras víctimas de violencia de género se amplía también a aquellas mujeres que tengan a su cargo mujeres que sufran este tipo de violencia. Para ello, el acuerdo contempla realizar convenios con administraciones locales, autonómicas, universidades y administración del Estado para facilitar la movilidad en estos casos. El texto recoge la necesidad de reactivar las Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas de la Comunitat Valenciana, la Mesa General de Negociación de Administración Local y la Mesa General de Negociación de las Universidades Públicas de la Comunitat Valenciana, dado que pese a estar recogidas en la Ley de Función Pública, el Botànic no las puso en marcha. De igual modo, se le otorga peso a la formación continua y permanente de los empleados públicos, para lo cual la Administración plantea ofrecer esta oferta formativa y también, como novedad, los sindicatos podrán homologar sus acciones formativas.

Mejorar las condiciones a los funcionarios para mejorar la atención a la ciudadanía de la Comunitat Valenciana

La mesa general de negociación de personal funcionario, estatutario y laboral, ha firmado el acuerdo para la XI legislatura con las organizaciones sindicales CSIF, UGT-PV y CCOO-PV

Juan Magraner

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