La ley que nunca llega

València

Es una larga reivindicación que se logró introducir hace unos años en los presupuestos generales del estado: me refiero a la partida específica de 40 millones para financiar el transporte público metropolitano, fundamentalmente la operativa de la EMT, la empresa municipal del Ayuntamiento de València. Sin embargo esa cantidad sigue siendo insuficiente si se tiene en cuenta criterios como la población o el número de desplazamientos. Criterios que quedarían perfectamente correspondidos si esa financiación que exige la alcaldesa Catalá estuviese perfectamente regulada a través de una ley estatal.

La llamada ley de financiación del transporte público, ley como la que tienen otros países europeos, que sería la solución para València y que lamentablemente nunca llega. En ese sentido, soy especialmente pesimista. Basta con seguir un poco la política nacional para deducir que esta nueva ley no se encuentra en la agenda de los partidos.