Joan Llinares (Antifraude): "Es más fácil recuperar el dinero que el crédito reputacional que genera la corrupción"

Valencia

La Agencia Valenciana Antifraude investigó 556 denuncias en 2023, un 22,73% más que el año anterior, una de ellas por "trampas" de cinco policías locales de La Nucía (Alicante), que accedieron al cargo falsificando certificados de estudios, lo que en total supone un importe recuperable de 5,1 millones de euros. Así lo recoge la memoria anual del organismo entregada este martes en Les Corts por su director, Joan Llinares, a la presidenta de la cámara autonómica, Llanos Massó, en un acto con representantes de la Mesa y de los cuatro grupos parlamentarios. Hablamos en 'La Ventana Comunitat Valenciana' con el responsable de la agencia.

Un 40% de las denuncias presentadas se refiere a la gestión de recursos humanos, y dentro de ellas, los procesos selectivos; y el 11% corresponde a la contratación pública y el urbanismo, según el resumen ejecutivo de la memoria. "Tenemos muchos problemas en los que es el respeto a los procedimientos por los cuales se accede a la Función Pública. Afectan a que se rompen los principios de igualdad, capacidad y mérito. Ahí es donde la Agencia ha abierto expedienentes hasta llegar a este caso de La Nucía, porque accedieron a funcionario de Policía Local en La Nucía falsificando los certificados de estudios, "cinco personas que accedieron a un cargo que significa ejercer la autoridad y ser portador de armas", explica el responsable.

El importe total recuperable es de 5.145.193 euros y el coste real ejecutado de la Agencia fue de 3.818.569 euros (ratio de retorno de 134,74%), y en conjunto desde el funcionamiento de Antifraude la cantidad recuperable sin contar activos reputacionales supone más de 34 millones. "Es una cantidad muy superior a lo que cuesta la Agencia. Por cada euro que cuesta el mantenimiento de la Agencia, son recuperables tres. Y es más fácil recuperar el dinero que el crédito reputacional. La corrupción hace un daño inmenso en el crédito de las personas que viven en la política. Estos daños reputaciones son cuantificables. Hacen mucho daño", sostiene Llinares.

Instituciones que no hacen caso a la Agencia

En 2023 aumentaron las entidades que incumplieron las recomendaciones de Antifraude pero al mismo tiempo crecieron las que iniciaron expedientes de recuperación, y se han dictado 21 resoluciones de incumplimiento de 22 administraciones y entes públicos. Los que no han aceptado las recomendaciones han sido los ayuntamientos de Albal, Alcoy, Alicante, Aras de los Olmos, Benidorm, Burriana, Callosa de Segura, Canet d'En Berenguer, Castelló de Rugat, Chiva, Cortes de Pallás, Elche, Foios, Godella, Rojales, Tous, Turís, València y Vilamarxant, así como la Mancomunitat del Carraixet, Divalterra y el Consorcio Valencia Interior. "Eso es una cuestión que el parlamento y la ciudadanía tiene que conocer cuando sus administraciones cumplen o no cumplen, y las recomendaciones que se le han hecho y no han querido. No obstante, es una minoría. Ahora, esto tiene sus consecuencias, doce expedientes han ido a la Fiscalía, al Tribunal de Cuentas, a la Agencia Tributaria o a la Inspección de Trabajo. Es decir, se trata de que no se salgan con la suya. Tienen que sufrir las consecuencias", reclama Llinares.

En cuanto a la protección de denunciantes, AVAF realizó en 2023 un total de 128 asesoramientos, aunque solo 21 personas solicitaron el estatuto de protección y este se concedió en seis casos. En sus siete años se ha otorgado en 35 ocasiones. Por administraciones, el 51% de las afectadas por las denuncias son ayuntamientos (18), el 20% sociedades mercantiles de la administración local (7), el 11% la Generalitat (4), el 5% empresas contratistas de la Generalitat (2) y el 2% fundaciones de la Generalitat, corporaciones de derecho público, diputación y sector público.

Las mascarillas, bajo investigación

Por otra parte, la Agencia Valenciana Antifraude detectó márgenes comerciales sin justificar de alrededor de un 30% en una empresa que suministró material sanitario por procedimiento de emergencia a la Conselleria de Sanidad durante la pandemia y que no tenía preparación ni habilitación para poder contratar con la Administración. Esta investigación corresponde a uno de los dos expedientes que abrió de oficio la Agencia sobre las compras por parte del Consell en la época de la pandemia de coronavirus y que concluyó en 2023, mientras que el otro, que investiga a otras empresas, finalizará en breve, según su director, Joan Llinares. Ese expediente se tuvo que interrumpir debido a que la Fiscalía reclamó las investigaciones en esa materia a Antifraude, que devolvió "bastante tiempo después" indicando que no se habían encontrado conductas delictivas y, por tanto, la Agencia debía continuar con su trabajo de detección de irregularidades administrativas. "Pero se constató que era reprochables. Muchas actuaciones que investiga la Agencia son actitudes irregulares desde el punto de vista administrativo. Había ilegalidades y a Sanidad se le pidió que las corregiera pero no lo hicieron".

La proposición del PP para la sucesión

Interpelado por la proposición de ley presentada el PP en Les Corts para modificar la institución y que provocó el malestar de la oposición, el director de la Agencia Valenciana Antifraude ha asegurado que muchos aspectos propuestos ahora para modificar la institución ya fueron planteados por la propia entidad en 2022, y ha defendido que la mayoría ideal para elegir director es la cualificada de tres quintas partes de Les Corts en lugar de la mayoría absoluta. Asegura que prefiere la elección de director por mayoría cualificada, frente a la elección del presidente a la elección en segunda vuelta por mayoría absoluta que plantea la modificación, pero no puede cuestionar la legitimidad que da una mayoría absoluta del parlamento, y ha manifestado que el tiempo dirá si es la fórmula idónea.