Libertad de cátedra

Alicante

Entre las justificaciones para aprobar la llamada Ley de Concordia, que sustituirá a la de Memoria Democrática de la Comunitat Valenciana, se habla de acabar con las limitaciones a la libertad de cátedra y a las penalizaciones que sufren "los historiadores si no se ajustan a la interpretación sectaria e interesada de los acontecimientos históricos que hacen ciertos partidos".

Precisamente, también la pasada semana conocimos la sentencia de Tribunal Supremo que rechaza que se sacara de una investigación histórica el nombre del que fuera secretario del juzgado que condenó a muerte a Miguel Hernández. El hijo de Antonio Luis Baena Tocón reclamaba el derecho al olvido tras un artículo del catedrático de la Universidad de Alicante Juan Antonio Ríos Carratalá, que ha pasado cuatro años muy duros y que hasta recibe insultos por trabajar con rigor científico.

La libertad de cátedra es un derecho constitucional que no ampara que se intente manipular o reescribir la historia como argumento de lucha política, como hace Vox y no rebate el PP. Una relectura con la que se crean relatos épicos falsos o se blanquean épocas oscuras y recientes, como el franquismo.

Menos mal que tenemos muchos investigadores rigurosos como el profesor Ríos Carratalá.