Anticorrupción recurre ante el TSJCV la sentencia que absuelve a los exalcaldes de El Campello por fraccionamiento de contratos
El fiscal solicita la revocación de la sentencia y que se celebre una nueva causa porque considera que no hay vulneración de derechos, como argumentaban las defensas, al sobrepasar el plazo máximo de la instrucción
El alcalde popular, Juanjo Berenguer (americana azul), y el ex primer edil, Benjamí Soler (camisa blanca), junto con el resto de acusados / Omar Sancho Maestre
Alicante
La Fiscalía Anticorrupción ha decidido finalmente recurrir en apelación la sentencia por la que el pasado 8 de febrero la Audiencia provincial de Alicante absolvía al alcalde de El Campello, el popular Juanjo Berenguer y a su predecesor en el cargo, Banjamí Soler, de Compromís, de un presunto delito de fraccionamiento de contratos. Junto con los dos políticos estaban encausadas otras cuatro personas más. En una sentencia dictada in voce, el presidente del tribunal argumentó la decision en una pura «cuestión procesal».
En el escrito de recurso, con fecha de 13 de marzo y al que ha tenido acceso Radio Alicante, Fiscalía considera que no hay vulneración de derechos, como argumentaban las defensas, y pide a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV que deje sin efecto la decisión de la Audiencia Provincial puesto que «no hay causa de nulidad alegadas por las defensas» puesto que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno» y pide que se «pueda celebrar juicio que resuelva en cuanto al fondo del asunto».
En un extenso escrito de 26 páginas, el fiscal Pablo Romero, explica con detalle y fechas todas las actuaciones judiciales realizadas desde que se iniciara la investigación judicial, actuaciones procesales «dentro del plazo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal», con independencia de la reforma, hasta que se dictó auto de procedimiento abreviado en febrero de 2022. Además, se suma la querella presentada por Esquerra Unida, posterior a la denuncia inicial con fecha 30 de julio de 2019 que «determina la cobertura temporal de todas las actuaciones realizadas» y la fecha en la que a juicio del fiscal debería empezar a contar el plazo.
Nulidad planteada
El tribunal estimó la nulidad planteada por las defensas de los seis acusados al haberse pedido la ampliación de la instrucción 15 días después de los seis meses que fijaba entonces la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según argumento entonces.
Los fraccionamientos investigados eran los relativos al mantenimiento de una depuradora de la zona norte del municipio durante diez años por valor de 340.000 euros y de la fuente del Centenari por 120.000 euros anuales. Las supuestas irregularidades abarcaban en el tiempo el mandato de Berenguer durante los años 2011 a 2015 y de Soler de 2015 a 2019.
