Ríos Carratalá celebra que los tribunales rechacen el "intento de censura académica" sobre el juicio contra Miguel Hernández

Alicante

Con gran satisfacción han acogido los implicados la sentencia del Tribunal Supremo que rechaza el recurso del hijo del secretario judicial que participó en el proceso de instrucción contra el poeta, Miguel Hernández, durante el franquismo. En Hoy por Hoy Alicante, tanto el principal implicado, el catedrático de la Universidad de Alicante, Juan Antonio Ríos Carratalá, como la responsable del Archivo Histórico Provincial, María del Olmo, consideran que esta causa es desde el principio un "intento de censura académica" y piden un cambio en el modelo español, que "ampara a los victimarios", dicen.

Recordamos que el hijo de Antonio Luis Baena Tocón pedía que se borraran 18 enlaces en los que aparecía su padre, porque sostenía que contenían informaciones inexactas. La Audiencia Nacional rechazó la petición y ahora el Tribunal Supremo ha confirmado la decisión.

Dice el alto tribunal que las personas fallecidas también tienen derecho al olvido, pero que ese derecho hay que ponderarlo con otros que hay en juego como son "libertad de expresión e información, cumplimiento de una obligación legal y datos referidos a archivos o investigaciones científicas e históricas, entre otros".

El recorrido judicial del heredero de Baena Tocón empezó en junio de 2019, cuando solicitó a la Universidad de Alicante (UA) que el nombre de su padre fuera suprimido del repositorio de la entidad académica, en el que aparecía un artículo llamado "El caso Diego San José y el Juez Humorista", donde se mencionaba la participación del secretario judicial en la instrucción del proceso de Miguel Hernández. La UA accedió en primera instancia a eliminar la referencia con nombre y apellidos, decisión que generó una enorme polémica en el ámbito de la investigación histórica, que lo consideraba un ejercicio de censura. Un mes después, un informe encargado por el entonces rector, Manuel Palomares, destacó el interés del texto de Ríos y rectificó su medida inicial.

Todavía queda pendiente en octubre una macrocausa contra 107 medios de comunicación, periodistas, entidades y personas físicas, donde el hijo de Baena Tocón pide un total de 11,5 millones de euros de indemnización por la intromisión ilegítima en el honor de su padre. Aun así, se felicita el catedrático por que haya prevalecido el derecho a la expresión y a la investigación, sobre el derecho al olvido de una figura que fue decisiva en los consejos de guerra contra Miguel Hernández, recogiendo pruebas en su contra. Para él, eso sí, ha sido "un calvario de cinco años con muchos insultos y difamaciones, tiempo, dinero y salud".

Por su parte, María del Olmo, directora del Archivo Histórico Provincial, otra perjudicada por haber explicado como archivera lo que estaba en la documentación, lamenta la actitud pusilánime en un principio de la universidad, accediendo a borrar los datos de los repositorios y exige además un cambio de modelo en España que no ampare a los victimarios y su impunidad.

Recuerdan que el expediente del consejo de guerra de Baena Tocón recogía el papel relevante del secretario, que además de con su firma en hasta veinte documentos, también actuó en la preparación y selección de todas las pruebas contra el poeta oriolano. Está constatada toda la documentación del consulado de Chile, la documentación penitenciaria, entre ella los dos consejos de guerra que tuvieron lugar en Alicante, y la de Portugal, y con las peticiones del poeta Vicente Alexandre, o de su esposa Josefina Manresa, entre otras, incluidas.

Lo malo sería que futuros investigadores se amedrentaran, dicen. Por eso piden que también las instituciones en España, como en otros países, trabajen en pos "de la verdad, la justicia y la reclamación".