La Generalitat se desvincula del festival Diversity cancelado en València en 2022

València

Es noticia que avanza la SER. Sobre el festival Diversity cancelado en València en julio del año 22, la Generalitat afirma no tener ninguna vinculación con la empresa organizadora del festival y rechaza la demanda de la Unión de Consumidores que la consideraba “responsable patrimonial” reclamando 128.000 euros por daños y perjuicios.

La Unión de Consumidores pide que se cambie la normativa relativa a los espectáculos para exigir mayores garantías a los organizadores de eventos.

Según ha sabido la SER, la Generalitat ha comunicado a la Unión de Consumidores que no tuvo relación con la organización ni la promoción ni estaba interesada en celebrar este macro concierto en la ciudad de las Artes y de las Ciencias entre el 21 y el 23 de julio de 2022. La administración aduce que ni siquiera se firmó un contrato de cesión de espacios, pese a que la empresa Merci Entertainment España S.L pagó algo más de 38.000 euros para reservar el espacio. Finalmente 10 días antes comunicó la cancelación del festival sin devolver el importe de las entradas compradas. La empresa entró en concurso de acreedores que se está resolviendo y que ha determinado que se pague el 6% de las entradas a los que reclamaron, es decir unos 10 euros o menos dependiendo del tipo de entrada comprada.

Vicente Inglada secretario general de la Unión de Consumidores señala a ala SER que no se recurrirá la decisión de la Generalitat pero pide que se cambie la normativa porque las personas consumidoras están desprotegidas. Ya ocurrió con el festival Medusa en 2016: se anuló sin más y es necesario que no se repita.

Escrito remitido por la Generalitat

La Generalitat ha remitido un escrito a la Unión de Consumidores en el que relata el inicio de las conversaciones con una empresa que luego cambió su nombre parala realización del festival en la Ciudad de la Artes y de la Ciencia de València. Fue en 2018 de cara a "concretar la cesión de espacios". Según las tarifas vigentes, la empresa pagó casi 51.000 euros en gasto de 2019 para que el concierto se hiciera en agosto de 2020. Pero no pudo celebrarse por la pandemia, y la Generalitat devolvió el importe.

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Más tarde se solicita de nuevo la cesión de los espacios para julio de 2022 pagando uno 38.500 euros. sin embargo y según el escrito al que ha tenido acceso la SER nunca llegó a formalizarse ese contrato así que según la Generalitat no existe " relación de casualidad entre el funcionamiento de Cacsa y el daño ocasionado a los reclamantes y ni aunque se hubiera formalizado ese contrato ya que Cacsa ni organiza ni promueve ni es parte interesada en la ejecución de eventos".

Sin embargo la UCE sí que creía que hay un nexo causal entre los daños y perjuicios y la inactividad de la Generalitat, entre otras cosas, por falta de investigación y de sanción ante el incumplimiento por parte de la organizadora. Además la Generalitat como responsable de Cacsa no puede eximirse ya que se ha obtenido un enriquecimiento injusto al no devolver los 38.500 euros de la reserva de espacio.

Desestima la demanda

La Generalitat concluye desestimando la demanda de " responsabilidad patrimonial" porque son los arrendatarios de los espacios de Cacsa, los que asuman por su cuenta y riesgo los " resultados lesivos o dañosos" e insiste en que ni siquiera llegó a formalizarse el contrato lo que a su juicio impide cualquier responsabilidad contractual.

Contra la resolución de la Generalitat cabe recurso pero Vicente Inglada lo descarta,. Admite que la Generalitat no fue la promotora del Diversity, pero muchas personas compraron la entrada al ser un espacio del gobierno valenciano, e insiste en que se ha de endurecer la legislación para evitar este tipo de fraudes al público.