Acuerdo por las agresiones fascistas del 9 d'Octubre de 2017: 25 de los 28 acusados aceptan entre un año y dos de cárcel

El caso de las agresiones y coacciones a profesionales de los medios de comunicación y asistentes a la manifestación del 9 dOctubre de 2017 en València ha acabado con un acuerdo para 26 de los 28 acusados. De ellos, 25 han aceptado penas de entre 12 y 24 meses de cárcel, aunque es probable que reúnan las condiciones para una suspensión de la condena y no lleguen a entrar en prisión. Además, otro acusado se ha conformado con el pago de una multa y ha eludido la prisión. Así se ha ratificado este miércoles en una vista celebrada en la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia contra los 28 acusados, muchos de ellos pertenecientes a la extinta peña Yomus y que exhibieron simbología neonazi durante la manifestación, tras alcanzar un acuerdo las acusaciones y defensas de 26 acusados. A la salida del juzgado se ha manifestado un grupo de antifascistas con dos pancartas que han llegado a cruzarse con la salida de varios de los acusados. A la salida, los acusados les han increpado a gritos y los han llamado «llorones». Inicialmente, la Fiscalía solicitaba para los acusados en su escrito de calificación provisional penas que oscilaban entre los tres y los siete años y medio de prisión por delitos de odio, desórdenes públicos, coacciones, amenazas leves, lesiones y maltrato de obra. No obstante, finalmente se ha llegado a un acuerdo con 25 acusados que han aceptado entre 12 y 24 meses de prisión por delitos de odio y de lesiones, mientras que otro se ha conformado con el pago de una multa. El juicio seguirá para los dos acusados restantes, que no han aceptado el acuerdo, a partir del 4 de marzo. Los hechos se remontan al 9 d«Octubre de 2017 --Dia de la Comunitat Valenciana-- y el punto de partida de las agresiones fue un llamamiento a concentrarse a través de redes sociales: »Quiero vivir un momento histórico, el primer año sin estelada por Valencia el 9 O. ¿Cuento con vosotros?. Pza San Agustín 9-X-17, decía uno de los acusados, tal y como recoge el escrito de calificación fiscal. A este llamamiento respondió un numeroso grupo de personas que se concentraron en la mañana del 9 de octubre junto al campo de fútbol de Mestalla tras una pancarta de «Yomus CN10». Los congregantes se dirigieron al centro de la ciudad con el propósito de obstaculizar el desarrollo de la manifestación y enfrentarse a quienes asistieran por razón de su ideología. Por la tarde, el conocido como «El Alfarrasí», quien había ostentado el liderazgo de la extinta peña del Valencia CF Yomus, accedió a la Plaza de San Agustín, lugar de inicio de la manifestación, junto a otras personas entonando cánticos, gritos y realizando el saludo que consistía en mantener el brazo en alto, propio de movimientos fascistas y neonazis. La actuación de estas personas, que increpaban a los manifestantes y se abalanzaban hacia donde se encontraban, a pesar del cordón policial, hizo que, finalmente, el cordón cediera. Esto dio lugar a una estampida que hacía de todo punto imposible el normal transcurso de la marcha convocada. Sobre las 17 horas, mientras se organizaba la manifestación, varios trabajadores o colaboradores del Diari Jornada estaban montando una mesa informativa del periódico en un lateral de un quiosco cuando fueron increpados por un acusado, quien llevaba una bandera española a modo de capa. Les preguntó entonces quiénes eran y a qué se dedicaban y trató de interceptar los ejemplares empaquetados. Mostró su enojo porque no le respondieron en castellano. En ese momento, otro acusado fue hasta el lugar de la plaza donde se convocaba un grupo numeroso de personas que lucían tatuajes de claro signo nacionalsocialista y vociferaban brazo en alto y les instó a que agrediesen a los periodistas y les quitaran el material alegando que se trataba de propaganda de la CUP, según el escrito fiscal. Al mismo tiempo, un acusado trataba de quitarles el material y les amenazó con cortarles el cuello con un gesto que portaba un arma blanca. Como uno de los periodistas estaba grabando, un individuo con la cara completamente tapada le empujó y le arrojó contra el suelo. Minutos más tarde continuaron las agresiones y los puñetazos a participantes en la manifestación. Por ejemplo, varios acusados siguieron a dos manifestantes y le dieron una fuerte patada a uno de ellos a modo de zancadilla, lo que le hizo caer al suelo y arrastró en su caída al compañero. Una vez allí, fueron agredidos con el mástil de una bandera cuatribarrada. Otro manifestante intervino para defender a las víctimas y un gran número de acusados se abalanzaron sobre él y lo acorralaron. Por otro lado, diversos acusados se abalanzaron sobre un redactor gráfico que estaba fotografiando los acontecimientos para arrebatarle la cámara. Le arrojaron al suelo y le impidieron que se levantara al lanzar sobre él una mesa y un cartel de un bar de la misma calle donde se encontraba. Otro acusado se dirigió a un periodista que también estaba grabando los hechos con su teléfono móvil y le dijo: «Te rajo el cuello», al tiempo que hacía un gesto representativo de ello, a la misma vez que una mujer que no ha podido ser identificaba le arrojaba un líquido caliente. La presidenta de Acció Cultural del País Valencià, Anna Oliver, ha celebrado un momento histórico pero reconoce que los gritos que han recibido en la puerta de la Ciudad de la Justicia puede venir de cierta sensación de impunidad. La fiscal delegada de delitos de odio de València, Susana Gisbert, ha dicho sentirse muy satisfecha por los acuerdos. Celebra que los acusados hayan reconocido los hechos y que las órdenes de alejamiento garantizan la seguridad. Lo celebra también el abogado de una de los acusados, Eugenio Pons, que celebra que se hayan evitado penas de hasta 7 años de prisión como pedían las acusaciones inicialmente.

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Otro elude la prisión con una multa por lesiones y coacciones

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