Carles Peris: "El Gobierno de España quiere hacer escapismo con los agricultores"

Valencia

Nueva jornada de protestas de agricultores la que hemos vivido este miércoles. Algunas, impulsadas desde las redes sociales y de mensajería, que no tienen autorización, y otras, como las vividas en territorio valenciano, que sí estaban legalmente autorizadas, pero que han sido resueltas con actuación policial, lo que ha indignado a la organización que las había convocado, es decir, La Unió Llauradora i Ramadera, con cuyo secretario general, Carles Peris, hablamos en 'La Ventana Comunitat Valenciana'.

La indignación es tal que solicitan la dimisión de la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ante la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado que han impedido el acceso de cien tractores a las instalaciones del Puerto llegados desde diferentes puntos de la Plana Alta para participar en la protesta de los agricultores. "No se puede hacer una gestión tan nefasta en un momento en el que hay que tener diálogo, hay que tener comprensión con un sector que está viviendo esta crisis", explica Peris, quien asegura estar molido después de lo que ha vivido.

Por su parte, la Subdelegación del Gobierno ha explicado que la Policía ha desalojado a un grupo de personas que estaban sentadas en la CS-22, "sin incidentes", que estaban bloqueando el acceso al Puerto, y se han identificado a once personas para propuesta de sanción.

Esos incidentes y lo ocurrido en otras zonas de España con las tractoradas no convocadas legalmente con las cargas y los bloqueos puede que estén surgiendo efecto. Peris cree que no conseguirán todo lo que se proponen, pero que ya se está viendo resultado. "Poco a poco, no podemos engañar a nadie, no todo se conseguirá pero hay que dialogar".

Las protestas van contra las políticas europeas, pero tampoco se deja de mirar al Gobierno que ayer anunció que más de 139.000 titulares de explotaciones agrícolas productores de tierra de cultivo de secano, arroz y tomate de industria, podrán recibir una ayuda extraordinaria de 268,7 millones de euros para compensar las dificultades debidas a la sequía y a las consecuencias de la de la guerra en Ucrania.

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Y este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido en el Pleno del Congreso a reforzar la ley de la cadena alimentaria, con la que se prohíben las ventas a pérdidas, a la vez que ha rechazado recetas que pasen por el "negacionismo climático" y el "antieuropeísmo" en el sector. Y también, ha dicho, a implementar la reciprocidad en las condiciones de importaciones agrícolas -las conocidas cláusulas espejo-, simplificar la Política Agrícola Común (PAC) y facilitar la adaptación a la normativa europea.

Sánchez ha puesto el foco en los 4.000 millones de euros destinados al primario desde 2022 para hacer frente a adversidades como la sequía, el alza de los precios de la energía o los seguros agrarios; o los 6.800 millones de la nueva PAC, de los que más de 4.000 son en ayudas directas. No niega las ayudas Peris, pero cree que "el Gobierno hace escapismo".