FICE alerta sobre cómo puede afectar la normativa contra la morosidad a las pequeñas y medianas empresas

Elche

La Federación de Industrias del Calzado Español alerta de que el nuevo Reglamento que está tramitando la Unión Europea contra la morosidad dificultará todavía más las cosas para empresas del calzado que ya están sufriendo desde 2022 las consecuencia de la Ley Crea y Crece, del Gobierno de España, que obliga a las empresas que quieran acceder a subvenciones públicas a cumplir con los plazos de la Ley de Morosidad que establece en 30 días el plazo máximo de pagos y en 60 si hay acuerdo entre las partes.

Desde la patronal zapatera se insiste en que por su naturaleza exportadora, sus empresas tienen más difícil que otros sectores cumplir con el periodo de pago de 30 días, ya que por las transacciones internacionales muchas veces sus periodos medios de cobro también son muy elevados. Por ello, reclaman un régimen especial para pymes exportadoras para no lastrar su competitividad internacional.

La secretaria de FICE, Marián Cano, denuncia que el nuevo reglamento europeo pone en serio peligro la viabilidad de las empresas zapateras y menciona que la solución para luchar contra la morosidad no pasa por acortar tan drásticamente los plazos y ha explicado los argumentos por los que la nueva norma va a perjudicar al sector.

En primer lugar, el no cumplir con en plazo máximo de 30 días que marca el Reglamento impide a las empresas acceder a ayudas públicas superiores a 30.000 euros.

La ley debe tener en cuenta las singularidades de la industria zapatera. Preparación de colecciones, abastecimiento de materiales, fabricación, almacenamiento, envíos y plazo de cobro superan los ocho o nueve meses.

Además, hay que tener en cuenta que las PYMEs del calzado se encuentran en situaciones financieras delicadas debido a la disminución de la demanda por la caída del consumo y el aumento de los costes laborales. El plazo de 30 días propuesto va a resultar difícil de cumplir para estas empresas, que podrían no contar con la liquidez necesaria para garantizar pagos rápidos sin poner en riesgo su viabilidad económica.

El impacto de la nueva norma será mucho mayor para las medianas industrias, ya que la imposición de plazos de pago más cortos podría tener un impacto desproporcionado en las mismas porque en muchos casos carecen de la infraestructura financiera y administrativa para adaptarse rápidamente a los nuevos requisitos. Por el contrario, esto podría favorecer a las grandes corporaciones con recursos significativos.

“En resumen, si bien el nuevo Reglamento de Morosidad busca mejorar las prácticas comerciales, su aplicación sin considerar las particularidades de las PYMEs del calzado podría tener consecuencias negativas, afectando su capacidad para competir y prosperar en un entorno económico desafiante. La flexibilidad y la consideración de circunstancias específicas son cruciales para garantizar que las medidas adoptadas no perjudiquen injustamente a las pequeñas y medianas empresas del sector del calzado”, concluye Cano.