La Policía Nacional desarticula un taller de costura clandestino donde se empleaba a trabajadores extranjeros de forma irregular en Mislata
Algunos empleados tenían que soportar largas jornadas de trabajo por un salario inferior a los 900 euros
Operación contra la explotación laboral en Mislata / Policía Nacional
Valencia
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia, han desarticulado en Mislata (Valencia) un taller de costura clandestino donde se empleaba a trabajadores extranjeros de forma irregular. Se ha detenido a tres personas, dos mujeres y un varón, de entre 31 y 46 años, de origen boliviano, como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y contra los derechos de los trabajadores. Durante la inspección del local han sido identificados 12 trabajadores extranjeros, de los cuales nueve se encontraban en situación irregular y carecían de permiso de trabajo y el alta en la Seguridad Social. Algunos empleados tenían que soportar largas jornadas de trabajo por un salario inferior a los 900 euros.
Las labores de investigación se iniciaron en noviembre del pasado año cuando los agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía Nacional de Xirivella-Aldaia-Alaquás, tuvieron indicios de que los regentes de un local comercial de Mislata podrían estar cometiendo un delito contra los derechos de los trabajadores.
A raíz de las pesquisas, se llevo a cabo un dispositivo policial junto a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia, comprobando que se trataba de un taller de costura clandestino de ropa infantil. Aquí se identificaron a 12 personas trabajando, de las cuales nueve se encontraban en situación irregular en el territorio nacional, además de carecer de permiso de trabajo y el alta en la Seguridad Social.
La propietaria y los encargados del taller han sido detenidos
En su interior, los agentes también localizaron a los encargados, una pareja de hombre y mujer de origen boliviano, que junto a otra de las trabajadoras, resultaron ser los únicos que contaban con contrato de trabajo y estaban dados de alta en la Seguridad Social. En el momento de la inspección no se encontraba la propietaria del taller, que a su vez era familia de los encargados, siendo identificada posteriormente.
Algunos de los trabajadores manifestaron a los policías que trabajaban durante prolongadas jornadas de trabajo llegando a alcanzar 58 horas semanales, por las que percibían un salario inferior a los 900 euros mensuales.
Finalmente, tanto la pareja de encargados como la propietaria del local, fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal y contra los derechos de los trabajadores, llevándose a cabo la desarticulación del taller clandestino.
Los arrestados fueron puestos en libertad tras su toma de declaración siendo informados de la obligación de acudir ante la autoridad judicial cuando fuesen requerido
