El Tribunal Supremo concluye que los VTC podrán estacionar en hoteles, estaciones y el aeropuerto de València
El Alto Tribunal confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que admitió un recurso de una empresa del sector en contra de la ordenanza movilidad
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Los VTC podrán estacionar en hoteles, estaciones y el aeropuerto de València, según una sentencia del TSJ / Jose Manuel Vidal (EFE)
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València
Los VTC (vehículos de transporte con conductor) podrán estacionar en lugares de generación de demanda de servicio de transporte de viajeros, en contra de lo que establece la ordenanza de movilidad. La decisión es firme después de que el Tribunal Supremo haya dictado una providencia confirmando la sentencia de abril de 2023 del Tribunal Superior de Justicia que declaraba contrario a derecho uno de los artículos de dicha norma municipal.
En concreto, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ anuló los párrafos del artículo 53 en los que se prohíbe expresamente aparcar a una distancia inferior a 300 metros "desde los lugares de concentración y generación de demanda de servicios de transporte de personas viajeras". Ese artículo habla de puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y de autobuses, centros comerciales y de ocio, equipamientos deportivo recreativos y sanitario asistenciales públicos o privados, hoteles con más de 400 plazas de alojamiento, y paradas de taxis con capacidad superior a nueve plazas.
El tribunal recuerda que ya juzgó este aspecto en su día y que ya determinó que dicha prohibición supone una "importante restricción de espacio de aparcamiento libre o la dificultad de identificar las zonas o lugares en los que resulta posible el aparcamiento, lo cual resulta contrario a los fines de interés general pretendidos a través del condicionamiento impugnado".
De este modo admite el recurso contencioso-administrativo presentado en su día por una empresa del sector, Automóviles Zirconia, contra la modificación de la ordenanza de movilidad aprobada por el Ayuntamiento de València en diciembre de 2021. Una decisión, la del TSJ, que ahora confirma el Supremo que ordena además al Consistorio a pagar las costas de ambos procesos contencioso-administrativos.