Compromís y PSPV denuncian que PP y Vox están desmantelando las políticas de cooperación y migración en València

València

La oposición denuncia que la alcaldesa María José Catalá y sus socios de Vox están desmantelando las políticas de cooperación e inmigración puestas en marcha durante los últimos gobiernos progresistas.

Compromís y PSPV aseguran que esta tarde se fulminará el Consejo Local de Inmigración, como se hizo hace unos días con el de Cooperación, con el argumento de mejorar la eficacia y la gestión administrativa, cuando en realidad demuestran una ideología aporafóbica que solo pretende borrar y esconder a las personas en situación de vulnerabilidad extrema.

Fuentes del gobierno local aseguran que están poniendo orden al caos que generó la anterior corporación municipal en todo el ámbito de servicios sociales siguiendo la legislación autonómica que aprobó el gobierno del Botànic y las instrucciones dictadas por Ayuntamiento que lideraba Joan Ribó.

Desmantelamiento

Los socialistas denuncian el desmantelamiento de las políticas de cooperación e inmigración. Primero se suprimió la concejalía de Cooperación y Migración. Después se borraron todas las subvenciones que recibían las entidades y ONG, y se han eliminado los consejos de cooperación e inmigración donde se daba voz a todas las ONG, entidades, asociaciones y universidades.

Pero es que ahora también se ha fijado un máximo de 28 días para albergar a personas vulnerables, un plazo insuficiente para dar una atención específica a personas que llegan de otros países. Maite Ibáñez asegura que esta decisión ya está provocando que se multipliquen los asentamientos por la ciudad.

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Fin de los Consejos Locales

Por su parte, la edil de Compromís, Lucía Beamud, pone el foco en la decisión de eliminar el Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad que se materializará esta tarde.

Beamud exige a Català que escuche a las más de 100 entidades sociales que de forma unánime están mostrando su rechazo a todas las medidas impuestas por este gobierno, según dice, sectario y caciquil.

Denuncia que la alcaldesa tiene un plan perfectamente orquestado y obsesivo para hacer desaparecer las herramientas que garanticen que personas sin recursos tengan sus necesidades más básicas cubiertas.

El gobierno local asegura que la oposición miente

Pero fuentes municipales acusan a la oposición de mentir repetidamente sobre este asunto y se muestran sorprendidos de que Compromís y PSPV desconozcan la legislación aprobada por ellos mismos durante su etapa de gobierno.

Y explican que la ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, aprobada en 2019, es la que establece las competencias autonómicas y locales en los servicios sociales de atención primaria y que la Ordenanza dictada por la anterior corporación municipal en 2021 ya fijaba en un máximo de 14 días el alojamiento en recurso de albergue por parte de los ayuntamientos.

No obstante, el nuevo equipo de gobierno no ha actuado de forma estricta conforme a la normativa, y remarca que no va a dejar a nadie desatendido. Se está analizado caso a caso de forma individualizada y se han dado soluciones, que en diversas ocasiones han ido más allá de los 14 días que se marcaron.

Por último, señalan esas fuentes que se han destinado 2 millones de euros más a situaciones de vulnerabilidad que en el año anterior, a evitar desahucios, al pago de alquileres de personas en riesgo de exclusión social.