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El PSOE exige bonificaciones fiscales para premiar a los ciudadanos que separen los residuos

El edil socialista, Raúl Ruiz, señala que "la escasa implantación de contenedores marrones es un intento de lavado de imagen del gobierno del PP para aparentar ser respetuosos con el medio ambiente”

Contenedores de basura en Alicante

Alicante

El PSOE en el Ayuntamiento de Alicante exige la activación de bonificaciones fiscales para premiar a los ciudadanos que separen los residuos, con tal de incentivar el uso del contenedor marrón y fomentar el reciclaje.

Se trata de una herramienta que está prevista en la legislación autonómica pero que, sin embargo, no ha sido prevista en el Plan Local de Residuos de la ciudad Alicante. Todo mientras el Ayuntamiento que preside Luis Barcala continúa incumpliendo la normativa valenciana que, desde 2020, obliga a instaurar la recogida separada de la fracción orgánica de los desechos domésticos en todos los municipios de más de 50.000 habitantes, bien sea con el sistema de recogida puerta a puerta o con métodos similares, como así establece el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV).

El concejal socialista, Raúl Ruiz declara que "acumulamos cuatro años de incumplimientos por culpa de un alcalde que se salta la ley al no instaurar una recogida separada de biorresiduos verdaderamente eficaz y en línea con la estrategia verde europea. En su lugar va a implantar unos cubos carísimos que sólo valdrán al alcalde para consumar su fracaso intencionado de la recogida separada, ya que nunca creyó en ella y se ha resistido cuatro años a implantarla. No puede explicarse de otro modo una gestión municipal de la basura que se resume en poner un contenedor marrón cerrado junto a otro gris abierto y esperar, sin más, que la ciudadanía haga las cosas como quiere Barcala, que no proporciona las herramientas previstas en una normativa que el Ayuntamiento se niega a cumplir", ha añadido.

El edil ha criticado que el regidor haya tardado cuatro años en reaccionar a sus obligaciones con la recogida separada de residuos y todo “para acabar tomando la decepcionante decisión de incorporar mobiliario urbano inútil, como terminarán siendo los contenedores marrones si nadie explica cómo y para qué sirven”.

En ese sentido, Ruiz ha señalado que la normativa en vigor contempla que se debe activar una divulgación sobre separación de residuos y sobre la utilización de las tarjetas de acceso al contenedor marrón. Formación que, en este caso, debe ser impartida por los siete educadores medioambientales que deberíamos tener en la plantilla municipal desde el 31 de diciembre de 2020 (art.14 PIRCV) y que, por contra, a las puertas de 2024 no hay noticias de su incorporación.

Raúl Ruiz, edil del PSOE: "La escasa implantación de contenedores marrones es un lavado de imagen de Barcala"

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De igual forma, la legislación autonómica contempla la coexistencia de otros sistemas de recogida más eficientes que los contenedores cerrados allí donde sea más viable y eficaz, como es la implantación del sistema puerta a puerta, cuya proximidad al usuario garantiza los hábitos de separación y mejora el estado en el que se reciben estos residuos. Se trata de otra de las obligaciones que debíamos cumplir desde el pasado 31 de diciembre de 2019 (art.43 PIRCV) y a la que el Ayuntamiento sigue dando la espalda. A ello se le suma la incorporación de los beneficios fiscales por los buenos hábitos de separación del usuario que también establece la ley (art.19 PIRCV), que determina que: “Las tasas deberán ser objeto de bonificaciones o exenciones proporcionales a las cantidades de residuos recogidas separadamente”.

Desde el Grupo Municipal Socialista critican que estos incentivos fiscales no se definieran en el Plan Local de Residuos diseñado por Barcala debido a la oposición frontal del PP a su aprobación. Además, tanto la ordenanza fiscal de la tasa de basura como la ordenanza de limpieza permanecen bloqueadas, a pesar de años de anuncios, de encuestas fantasma y de su obligación de actualizarlas.

De igual forma, el principal grupo de la oposición considera una grave falta de respeto a la hostelería y al comercio alicantino que la implantación del puerta a puerta comercial se vaya a prestar únicamente a centros comerciales y en la zona centro de la ciudad, una situación que vulnera la igualdad de los comerciantes de nuestros barrios, quienes comparten la misma obligación de separar su basura desde hace cuatro años.

 
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