La consellera valenciana Elisa Núñez, de Vox, pide al Ministerio medidas urgentes ante las agresiones grupales cometidas por "marroquíes"

València

La consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, ha remitido una carta al Ministerio en la que exige medidas urgentes ante los recientes casos de agresiones sexuales grupales en Dolores (Alicante) y la Malva-rosa de València, y para que la inmigración "sea controlada".

La consellera de Vox ha enviado la carta tras conocer que la Policía ha detenido a "cinco individuos de origen marroquí" que "han sembrado el terror" durante las últimas semanas en la playa de la Malva-rosa cuyas víctimas eran parejas a las que robaban sus pertenencias "agrediendo a los hombres y violando a las mujeres en grupo, amparándose en la oscuridad de la noche".

Según señala, los casos de violaciones múltiples en la Malva-rosa se han saldado con cinco detenciones de "individuos de origen marroquí, tres de ellos en situación ilegal en España y otro menor de edad"; los cinco agresores de Dolores "son también de origen marroquí y menores de edad".

Tras exponer estos casos, Núñez exige al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que tome medidas "para poner fin a la inseguridad que destruye nuestra convivencia en paz, así como para que la inmigración sea controlada, adaptada a las necesidades de España, y con capacidad y voluntad de adaptación".

Asegura que España "está siendo arrasada por una ola de delitos execrables, nunca vistos en nuestro país, en múltiples ocasiones importados de culturas foráneas en las que la vida humana, en general, y la integridad física y moral de la mujer, en particular, no importan nada".

Núñez considera insuficientes las políticas del Gobierno para prevenir la comisión de estos delitos por ser los presuntos delincuentes menores de edad, "a pesar de la gravedad del delito, de las circunstancias agravantes que concurren en la comisión de este hecho, de la alarma social que genera y de las secuelas en la víctima, que le afectarán, si nada lo remedia, durante toda su vida".

Y denuncia que el Ministerio de Interior y el Gobierno "han sido y son aliados y promotores de una estrategia de multiculturalismo forzado que sufrimos directamente todos los españoles con el aumento de la inseguridad, la precarización de los empleos y la invasión de culturas incompatibles con la nuestra; en definitiva, con la disolución de los lazos que nos unen como sociedad y comunidad", en alusión a "las políticas de bienvenida a la inmigración ilegal indiscriminada y el amparo del Gobierno (…) a las mafias que encuentran su lucro en traficar con personas".

Compara la situación en España con modelos de sociedades multiculturales "fracasadas, como las existentes en países como Bélgica, Francia o Reino Unido".

La consellera concluye su escrito abogando por que sea una prioridad de los poderes públicos "la seguridad de todos los españoles, así como de las personas que han llegado a España de forma legal y con la intención de trabajar, integrarse y contribuir al desarrollo de la nación que les acoge".