Elche aprueba la rebaja fiscal del 1% del IBI y del 1,5% en impuestos como el de vehículos

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Elche ha aprobado este martes la rebaja del 1% del IBI y del 1,5% del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Construcciones y Obras. Ha salido con el voto a favor de los concejales de PP y Vox, el voto en contra de Compromís y la abstención del PSOE. Además el pleno también ha dado luz verde a varias modificaciones de ordenanzas fiscales que afectan a la tasas de grúas, la de servicios fúnebres y cementerios, la tasa por la utilización de espacios de la vía pública para mercadillos y otros usos, o la actual tasa de mesas y sillas en terrazas.

Fue una de las principales promesas electorales del Partido Popular y hoy el concejal de Hacienda, Francisco Soler, ha asegurado que se trata solo del primero de los pasos del ajuste fiscal que el gobierno municipal quiere llevar a cabo en los próximos 4 años.

Desde la oposición, acusan al gobierno de no estar con las familias más vulnerables ya que consideran que la bajada de un 1 y un 1,5% es insignificante. Tal y como ha explicado Patricia Maciá, concejala socialista, con la rebaja los ilicitanos e ilicitanas tan solo van a dejar de pagar tres euros al año por el IBI y un euro por el impuesto de circulación. Además, recuerda que por esa pequeña rebaja el ayuntamiento va a dejar de ingresar un millón de euros que aseguran sí son necesarios para invertir en la ciudadanía.

Desde Compromís van en la misma línea. Su portavoz, Esther Díez, ha comenzado su intervención insistiendo en el carácter ideológico del debate. Ha calificado la bajada de estos impuestos de una “rebaja del postureo” que no va a cambiar la vida de la ciudadanía y por la que, además, asegura que el gobierno municipal va a recortar otras partidas de los presupuestos que consideran superfluas para compensar el millón de euros que va a dejar de ingresar. Acusa a PP y Vox de esconder las consecuencias de una medida que considera que no se aprueba para ayudar a las familias si no para “perpetuar la desigualdad y la injusticia social recontando en servicios públicos esenciales”.