La Diputación de Alicante recurre la decisión del Supremo de no suspender el recorte del trasvase Tajo-Segura

Alicante

La Diputación de Alicante ha interpuesto este lunes un recurso de reposición contra el auto del Tribunal Supremo que denegó la suspensión cautelar del recorte del trasvase Tajo-Segura.

Su presidente, Toni Pérez, ha vuelto a alertar de los perjuicios irreparables que, a su juicio, puede suponer para la provincia que no se aplique la medida cautelar, con el incremento de 1 metro cúbico, que ya está produciendo, dice.

Insiste en que la solicitud de cautelares respondía a "una razón de indudable urgencia" y no causaba un daño correlativo en la cuenca cedente.

El recurso se interpone contra el auto del pasado 24 de julio del Supremo, que rechazó la suspensión cautelar del incremento del caudal ecológico del Tajo solicitada por la institución provincial, y que argumentaba los supuestos perjuicios económicos, sociales y medioambientales de la decisión del Gobierno central para los intereses de la provincia.

Para la Diputación, la suspensión cautelar solicitada no condiciona la eficacia de la norma en el sector que se aplica, puesto que solo afecta a la inmediata entrada en vigor del incremento de caudales ecológicos de 6 a 7 m3/s.

Se argumenta, además, que ha quedado acreditado mediante numerosos informes técnicos que no hay una justificación solvente que avale la cantidad fijada para el incremento del caudal ecológico, "mientras que el daño para la cuenca receptora resultaba palmario y de gran alcance", afirma.

Al respecto, los citados informes apuntan que la elevación de 1m/s del caudal ecológico del Tajo se traduce en 28 hm3/año de merma en destino, provocando pérdidas de más de 2.400 empleos y de más de 84 millones de euros.

Finalmente, el recurso de reposición incide en que estos perjuicios, dada su diversa y amplia proyección socioeconómica y medioambiental, no son fácilmente reparables, de tal modo que no adoptar la suspensión cautelar dificulta de manera notable la efectividad del fallo.

Apunta que las medidas reparadoras o compensadoras previstas en el Real Decreto, amén de su incierta aplicación, "se dilatarían en el tiempo por la propia tramitación administrativa, haciéndolas ineficaces”, ha advertido el presidente.

Por su parte, la vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha vuelto a criticar la posición “totalmente arbitraria y sesgada que el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado a lo largo de estos últimos años en relación con el trasvase Tajo-Segura", afirma en un comunicado de la institución.