El Ayuntamiento podría ser acusado de desobediencia si no ejecuta las sentencias firmes sobre las pruebas médicas en el turno de movilidad

Alicante

Sobre la decena de sentencias judiciales firmes que hablan de irregularidades en la prueba médica de las oposiciones a Policía Local en el turno de movilidad, los juzgados han comenzado ya a citar al Ayuntamiento de Alicante para que dé explicaciones de por qué no las ha ejecutado todavía cuando, en algunos casos, ha transcurrido más de un año. Expertos jurídicos consultados advierten de que el Consistorio podría ser acusado de desobediencia.

La primera vista será el 9 de mayo y se consultará los motivos que argumenta el Consistorio. Además, se le pide que indique el funcionario responsable, quien podría enfrentarse, advierte el tribunal, a multas coercitivas de 150 a 1.500 euros. Si tras esta vista, el juzgado no acepta las explicaciones municipales y el Ayuntamiento continúa sin ejecutarla, expertos jurídicos consultados aseguran que el siguiente paso sería acusar al Consistorio de desobediencia.

Por su parte, fuentes municipales argumentan que existen varias sentencias que han recurrido sobre errores en las otras pruebas de la oposición. Al menos una de ellas, añaden, es contraria a los fallos del reconocimiento médico, porque obligaría a retrotraer el proceso a la primera prueba, el test psicotécnico. Por ello, recuerdan que se pidió información al juzgado sobre cómo actuar y se está a la espera de una respuesta.

Algo que rechazan los aspirantes que quedaron fuera por la revisión médica. Aseguran que no se puede aplicar el principio de litispendencia porque esa sentencia establece que solo se ha de repetir el test psicotécnico al demandante y no al resto de aspirantes.

Además de la sentencia del test psicotécnico, el Ayuntamiento también tiene recurrida otra relacionada con la valoración de méritos. En esta, el juzgado de lo contencioso número 2 de Alicante da la razón a una aspirante que se encontraba inicialmente entre los 30 mejores clasificados, lo que le daba acceso a una de las plazas ofertadas. Sin embargo, durante la valoración de méritos quedó fuera, en el puesto 33, tras puntuarse con 7 puntos a seis aspirantes por una diplomatura cuando, en realidad, apunta el juzgado, se trataba de formación no equiparable a una titulación universitaria.

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Por ello, se obliga a volver a valorar a los aspirantes sin contar con eso 7 puntos adicionales. La sentencia está recurrida en apelación a la espera de que se pronuncie el TSJ que, apuntan fuentes jurídicas consultadas, podría tardar aún un año o dos en pronunciarse.

En cuanto a la sentencia pendiente sobre las incongruencias en los requisitos que se exigían en el test psicotécnico, que todavía no es firme y que también está dictada por el contencioso número 2, el juzgado estima que hubo una actuación arbitraria del tribunal calificador. Considera que los criterios de valoración no fueron los mismos que los exigidos en las oposiciones de turno libre y de consolidación, "cuando se va a ocupar un mismo puesto de trabajo".