El duro recurso presentado por la Generalitat contra el plan del Tajo del Gobierno

València

Tal y como anunció el jueves el president de la Generalitat, Ximo Puig, el pleno del Consell ha aprobado este viernes el recurso que se presentará ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra el plan de cuenca del Tajo aprobado por el consejo de ministros.  El recurso argumenta la falta de justificación técnica de los caudales mínimos ecológicos recogidos en el plan y el hecho de que se hayan fijado de forma escalonada.

Además, reprocha al Gobierno que no valore las graves consecuencias sobre el trasvase Tajo-Segura. El documento, al que ha tenido acceso la SER, se basa en un informe de la Abogacía de la Generalitat que, en un lenguaje muy duro, acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de vulnerar los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, lealtad institucional, transparencia, buen gobierno e interdicción de la arbitrariedad en la toma de decisiones.

El informe recuerda que el documento que finalmente se presentó al Consejo de Estado no es el mismo que el que se remitió para su aprobación semanas antes en el Consejo del Agua, con la consiguiente falta de participación y concertación. De hecho, en el primer documento se preveía para 2026 una adecuación de los caudales ecológicos en función del nivel de cumplimiento de los objetivos ambientales que finalmente no se recogió en el texto definitivo.

Entiende Abogacía de la Generalitat que se han vulnerado los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, lealtad institucional, transparencia, buen gobierno e interdicción de la arbitrariedad en la toma de decisiones, recogidos por el ordenamiento jurídico. Principios que encuentran amparo, dice, tanto en la Constitución como la ley de Régimen Jurídico del Sector, por lo que podría quedar anulado todo lo actuado a nivel procedimental.

Los abogados de la Generalitat sostienen que, al igual que ocurre en los años 2022 al 2025, también en los años 2026 y 2027 el plan debería fijar el mismo caudal ecológico, sin escalonamiento alguno, algo que no ocurre. Con el texto finalmente aprobado se pone de manifiesto, dice la abogacía, la potencial afección que podría tener la fijación desproporcionada de tales caudales en los usuarios del Trasvase Tajo-Segura.

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Abogacía también cree deben tenerse en cuenta otras variables que afectan a la cuenca y no solo la cuestión ecológica; deben incluirse también las variables socioeconómicas, así como la existencia del trasvase que cuenta con un marco legal específico y unas reglas de explotación que tratan de compatibilizar los usos de la cuenca receptora con la necesaria protección de la cuenca cedente. Sostiene que la fijación de los caudales ecológicos se ha hecho sin la debida justificación técnica, y mucho menos sin que opinen todas las partes. En ese sentido recuerda que el Supremo ya ha dicho que el establecimiento de caudales ecológicos debe configurarse “con el menor detrimento posible de los existentes derechos de uso del agua”. Respecto a las modificaciones que el ministerio de Transición Ecológica introdujo en el plan de cuenca a última hora, Abogacía de la Generalitat asegura que no es suficiente para lograr la coordinación entre cuencas que defendía en su informe previo el propio Consejo de Estado y la garantía del trasvase.

El decreto del Gobierno obvia las consecuencias económicas

Además, el recurso presentado menciona los impactos derivados de la reducción del trasvase Tajo-Segura como la disminución de la actividad económica en 232 millones de euros al año, valor que supone el 0,6% del PIB de la demarcación de la cuenca del Segura, o la pérdida de 8.000 puestos de trabajo directos o indirectos en el mismo ámbito territorial.

Otras repercusiones pasarían por un incremento de los costes de abastecimiento urbano de unos 16 millones de euros anuales, de los cuales 13,5 millones de euros corresponderían al ámbito de la demarcación del Segura y 2,5 millones de euros al resto de demandas de abastecimiento servidas desde los sistemas de la demarcación. Y junto a esto, la pérdida patrimonial derivada de la modificación del carácter de riego a secano, estimada en 485 millones.