La edad media de emancipación en la Comunitat Valenciana es de 29 años

València

Menos de un 20% de las personas de entre 16 y 30 años están emancipadas en la Comunitat Valenciana, donde la edad media de emancipación es de 29 años, según datos del Consell Valencià de la Joventut, que reclama que esta edad deje de ser vista exclusivamente como "un periodo de transición" hacia la etapa adulta.

Así lo reivindica la presidenta del Consell Valencià de la Joventut (CVJ), Cristina Martínez (27 años), en una entrevista con EFE en el cuadragésimo aniversario de la entidad, en la que denuncia el "adultocentrismo", el fenómeno de interpretar el mundo bajo el prisma de la mirada adulta, que implica que "no se perciben las realidades de las personas jóvenes como válidas".

En la entrevista se abordan numerosos asuntos, entre ellos si los jóvenes de ahora viven mejor o peor que sus padres, una respuesta que según Martínez no es tan simple. "El contexto es diferente: lo que para nuestros padres era en aquel momento un proyecto de vida más o menos normativo no es lo mismo que ahora", asegura, y señala que se conjugan en la juventud actual "más dificultad en algunas cosas y discursos más interiorizados en otras".

Entre las circunstancias más difíciles, alude a la baja tasa de emancipación e independencia económica, que no llega ni en la Comunitat Valenciana ni en España al 20% de las personas de entre 16 y 30 años, mientras que la edad media de emancipación es de 29 años, un año antes de la edad límite en la que deja de considerarse demográficamente joven a una persona.

A ello se suma la visión de que "la juventud es solamente una época de transición hasta llegar a ser adultos", que responde a un "adultocentrismo" en el que "todos los problemas y reivindicaciones de los jóvenes se hacen complicadas de entender". Tenemos líneas de tiempo diferentes, y ante algunas condiciones como la precariedad se da por supuesto que tenemos que pasar por ahí solo porque somos jóvenes, como si fuéramos ciudadanos de segunda", lamenta.

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Un factor desestabilizador fue el desempleo, explica Martínez, que señala que los últimos datos indican que en enero de 2023 hay en la Comunitat 2.551 jóvenes más en paro que en diciembre de 2022, si bien un 6,8% menos que en enero del año anterior.

A ello se suma que los que sí tienen trabajo y viven solos tienen que destinar de media un 62,4% de su sueldo al alquiler, que es la opción favorita o "la única posible" para el 80% de las personas jóvenes emancipadas.

Es más frecuente compartir piso, señala la presidenta del Consell de la Joventut, que añade que los que lo hacen destinan a ello el 35,1% del salario, muchas veces por una sola habitación, cuando "la recomendación del Banco de España es que no se pase del 30% del sueldo".

Desde el CVJ agradecen medidas recientes como el bono de alquiler joven del Gobierno de España pero consideran que son "insuficientes" pues, de hecho, este instrumento ha llegado "a menos del 20% de la gente joven que lo necesita".

Compartir piso una opción cada día más frecuente

La Unión de Consumidores constata que el incremento del precio de los alquileres de los pisos, además de las duras condiciones que se les exigen a los inquilinos, está provocando el aumento del alquiler de habitaciones en lugar de los pisos completos, bien por parte del propietario o por parte de los inquilinos que para obtener ingresos con los que pagar parte de la renta subarriendan habitaciones.

Vicente Inglada, secretario general de la UCE, insiste en que lo mejor siempre es tener un contrato para poder acudir a la justicia o a las entidades de consumo para hacer valer los derechos de las partes, pero admite que debido a los elevados precios de los alquileres están proliferando otros acuerdos al margen de la ley que son difíciles de controlar.

En ocasiones son los propietarios de los pisos los que alquilan la casa por habitaciones, porque les sale mas rentable, y se escapa en algunas cosas al control de la legislación: el desahucio en caso de impago es mas fácil, por ejemplo. Y no se necesita un contrato. Pero además, es que cada vez se imponen unos requisitos más complicados para alquilar una casa: fianzas elevadas, acreditar contrato de trabajo. avales... lo que frena a los inquilinos (jóvenes sobre todo) a alquilar una casa. Y luego se da el caso de que muchos de los que han conseguido un piso, tienen que pagar una cantidad elevada por él, así que deciden subarrendar habitaciones sin el conocimiento del propietario.

Vicente Inglada afirma que la solución pasaría por tener un parque público de vivienda que poder poner a disposición del mercado, pero no es una solución a corto plazo. Por eso insta a todos a cumplir con las normas.

Las asociaciones de consumo afirman que existe una falta de normativa clara ante este nuevo fenómeno que en la actualidad algunas comunidades autónomas regulan desde el punto de vista turístico, y creen que la legislación estatal y la autonómica deberían de contemplar estos usos para establecer obligaciones y derechos para evitar situaciones abusivas.