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El alumnado de la Universitat de València podrá realizar prácticas externas en los juzgados y tribunales de la Comunitat Valenciana

El convenio no tendrá repercusión económica para la Conselleria de Justicia y su duración será de cuatro años

Universitat de València, en una imagen de archivo / UV

Universitat de València, en una imagen de archivo

Comunitat Valenciana

El Pleno del Consell ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Universitat de València-Estudi General (UV) para que el alumnado pueda realizar prácticas externas curriculares y extracurriculares en los juzgados y tribunales de la Comunitat Valenciana.

El objetivo del acuerdo es la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares en los juzgados de la Comunitat por el alumnado matriculado en la asignatura de prácticas académicas, de estudios oficiales de grado o máster, que imparten en la Universitat de València, y siempre y cuando sea en titulaciones relacionadas con profesiones de la Administración de Justicia.

La realización de las prácticas se llevará a cabo con la finalidad de formar a profesionales que, en un futuro, puedan colaborar o dar servicio a la Administración de Justicia, lo que puede redundar en una mayor calidad de la misma y en la prestación de un mejor servicio a la ciudadanía.

La colaboración que prestan el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Comunitat estará siempre supeditada a las necesidades y la disponibilidad del juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas.

Dado el carácter estrictamente académico y formativo de las prácticas, de su realización no se derivan, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de un puesto de trabajo.

El convenio no tendrá repercusión económica en el presupuesto de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública y su duración será de cuatro años naturales desde su inscripción en el registro electrónico estatal.

 
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