La Diputación de Alicante interpone ante el TSJ el recurso que pide suspender su aportación al Fondo de Cooperación de la Generalitat
Mientras las otras dos diputaciones han aportado la suma correspondiente desde la creación del Fondo, la de Alicante solicita ahora como medida cautelar dejar de aportar sus 13,4 millones
Alicante
La Diputación de Alicante ya ha interpuesto ante la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia el recurso contencioso-administrativo que el equipo de gobierno anunció en el pleno de octubre contra el Acuerdo del Fondo de Cooperación Municipal.
El recurso -al que ha tenido acceso Radio Alicante- pide como medida cautelar la suspensión de su aportación de 13,4 millones de euros al Fondo argumentando el carácter lesivo a los intereses generales de la provincia de Alicante.
Las otras dos diputaciones de la Comunitat sí han aportado desde un principio la suma correspondiente sin objeción alguna. No así la de Alicante, que ya a través del Grupo Popular en el Congreso, y a instancias del presidente de la institución, Carlos Mazón, llevó el pasado mes de enero el Fondo al Tribunal Constitucional por "atentar" contra su autonomía.
Alega tanto la intervención en sus competencias como la imposición económica que, dice, supone el Fondo.
El recurso pide anular el Acuerdo del Consell de junio de 2022, por el que se aprobaba el Plan Sectorial de Financiación Básica del Fondo de Cooperación, y considera que se vulnera la tanto la Constitución Española como el artículo 66.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana que prevé la coordinación de funciones propias de las diputaciones.
Sin adelantar consideraciones sobre el fondo, dice el recurso, hay "una palmaria infracción de la garantía institucional de la autonomía provincial", en tanto que se obliga a las diputaciones a aportar una cantidad económica a la Generalitat para financiar su Fondo de Cooperación Municipal. Eso por un lado, dice, "impide el desarrollo de sus competencias", al "desapoderarla de sus competencias propias" y, por otro, "compromete sus presupuestos de manera relevante".
Sostiene la Diputación que la discrepancia no tiene que ver "con la concreta cuantía establecida para el ejercicio 2023, sino con las flagrantes infracciones de orden jurídico en que incurren ambos", y que suponen "una apropiación de una competencia propia de la Diputación de Alicante. Y por eso piden suspender las llamadas "directrices de coordinación", que establecen mecanismos de supervisión de los presupuestos de la Diputación y que califican de "intervención".
No está justificado, argumenta la Diputación, que se declare "de interés general" una competencia propia de la Diputación, como es esta participación en el Fondo de Cooperación, porque por esa misma regla, "todas las atribuciones de las entidades locales podrían ser asumidas por la Generalitat".
El escrito insiste en el perjuicio del reparto de las ayudas a los municipios más pequeños, en el sentido de que lo que se pretende es "ejecutar directamente la inversión y entregar la lista para su uso al Ayuntamiento".
Y concluye con que "lo realmente trascedente es la forma completamente arbitraria" en que la Generalitat "ha decidido intervenir una competencia propia de la Diputación, e incluso su potestad presupuestaria.
La oposición ha afeado desde el principio a Mazón esta confrontación política con la Generalitat y su postura insolidaria, al querer revocar una ley que otorgaría el doble de lo que ahora reciben con el fondo propio de la Diputación cada uno de los municipios de la provincia de Alicante, y recalca que lo que necesita esta provincia es una financiación estable.
