Vivienda vuelve a exigir las propiedades de la SAREB tras el desahucio de Rocafort paralizado: "Aliviarían un poco"

València

Estaba previsto que alrededor de una decena de familias de Rocafort fueran desalojadas este jueves de un edificio que pertenece a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), el conocido como "banco malo". Siete menores y una mujer embarazada se iban a quedar en la calle; sin embargo, el desahucio ha quedado aplazado gracias a la intervención de diferentes colectivos sociales y la Conselleria de Vivienda.

Según Vicente Ros, portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Burjassot, el futuro de estas familias pasa porque la SAREB les dé una vivienda en alquiler social, pero, para ello, se necesita un informe de vulnerabilidad que deben hacer los servicios sociales de Rocafort. Ros critica que desde el Consistorio no han atendido a estas familias porque "tienen un acuerdo plenario en el municipio de no atención a los ocupas irregulares", pero desde el Ayuntamiento de Rocafort no han querido hacer declaraciones al respecto.

La situación de estas familias no es excepcional. El mismo jueves otros 21 núcleos familiares estaban en peligro de quedarse sin hogar en unas viviendas de L'Alcúdia que también pertenecían a la SAREB, un desalojo que también pudo ser paralizar a tiempo.

Según cifras de la entidad, en la Comunitat Valenciana cuentan con más de 8.000 viviendas y alrededor de 25 están en alquiler social, aunque destacan que además tienen cerca de 60 convenios de cesión temporal para alquiler con administraciones públicas y les han vendido más de un centenar de casas.

Desde la Conselleria de Vivienda, la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, recuerda que ya han reclamado en diferentes ocasiones al Ministerio que, teniendo en cuenta que la mitad de la participación de la SAREB es pública, las viviendas deberían estar en manos de las Comunidades Autónomas. "Estamos entrando de nuevo en una situación de crisis y muchas familias se van a ver abocadas a quedarse sin hogar", reconoce Peris, que señala que el parque público de vivienda "no se puede aumentar en dos días y hay que buscar soluciones alternativas". "Tener en nuestro poder las viviendas de la SAREB aliviaría un poco", asevera.

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La Generalitat Valenciana ha reforzado el programa destinado a la emergencia habitacional en casi un 50% en los Presupuestos para 2023. El año que viene se invertirán 15 millones de euros en dar apoyo a las personas que se encuentren en esta situación.