Alicante

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha garantizado que se van a buscar "todas las fórmulas posibles" para explicar que el gobierno de España sí apuesta por la provincia de Alicante, y de esta forma ha aplacado la indignación de empresarios, sobre todo, y de sindicatos, que este jueves se han reunido con ella, tras el descontento por la escasa inversión anunciada en Alicante, a la cola de los próximos PGE de 2023, con una media de inversión de 85 euros por habitante.

Bernabé señala que hay "una fe de errores" que habrá que corregir, con proyectos que sí están "pero no aparecen con nombre y apellidos", dice, y con otros nuevos, caso de la autovía de las Atalayas, que se intentarán incluir en el proceso de revisión de este borrador de Presupuestos Generales. También otros, tanto de infraestructuras hídricas como ferroviarias, encuadrados en la inversión de Valencia, pero que en realidad pertenecen a la provincia de Alicante, señala.

Habla la delegada de la energía fotovoltaica de la planta desaladora de Torrevieja, por valor de 1,5 millones, de la modernización del trasvase Júcar Vinalopó, por 1,8 millones, y "por error" asignada a Valencia, al igual que obras de Acuamed y de reutilización de agua, que ahora "se trasladarán a la provincia en papel". También infraestructuras ferroviarias, como la conexión Xátiva-Alcoi y La Encina de Alicante.

En total, proyectos por un valor de 69 millones de euros adicionales. Algunos de ellos, de hecho, los explicará este viernes el propio director general de Infraestructuras Hídricas, en su visita a la provincia.

Añade Bernabé que el proyecto de los PGE "busca corregir desigualdades" y, de hecho, 6 de cada 10 euros están destinados a gasto social, de los cuales 10.000 millones de euros van para la provincia de Alicante. Y además, se está trabajando ya en colaboración con la Generalitat, en buscar "fórmulas más efectivas para compensar a la provincia", como el convenio anunciado por el president Puig por valor de 300 millones de euros.

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Una reunión en la que además de delegada y subdelegada del Gobierno, han participado el presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, el de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, el de INECA, Ignacio Amirola. y los secretarios generales de UGT y CCOO, Yaissel Sánchez y Francisco García, respectivamente, junto a los representantes de otras zonas de la provincia.

Sin fecha de movilizaciones, de momento

Los empresarios han agradecido las explicaciones, aunque insisten en que Alicante sigue en "la situación más desfavorable de toda España" con estas cuentas, y en que seguirán presionando. Eso sí, no ponen fecha a la movilización anunciada hace unos días y confían en que pueda evitarse.

Así lo han afirmado a la salida de la reunión, Joaquín Pérez, presidente de la CEV Alicante, y Carlos Baño, su homólogo de la Cámara de Comercio de Alicante.

Y los sindicatos, por su parte, que consideraban ya precipitado ese anuncio empresarial de salir a la calle, otorgan un voto de confianza al Gobierno tras este encuentro e insisten en ver el problema en clave de Comunitat Valenciana y de la ancestral infrafinanciación autonómica.

Destacaba el secretario general en l'Alacantí-Les Marines, Paco García, que "Alicante no puede ser el pagafantas de España". Su homóloga en UGT, Yaissel Sánchez, pide enfocarse en el problema de financiación injusta de la Comunitat.