Alicante

Este jueves ha sido el turno, dentro del juicio por el conocido como Caso Isjoma, para que, tanto la Fiscalía como las defensas plantearan sus conclusiones después dos semanas de juicio. El Ministerio Fiscal considera probado que existía una trama entre técnicos municipales y responsables de la Concejalía de Atención Urbana con la mercantil responsable del montaje de material para eventos festivos y espectáculos, Isjoma, para cobrar ilegalmente centenares de facturas al margen de la contrata municipal. Por su parte, las defensas lo niegan todo y piden la absolución de los acusados al haber prescrito los delitos.

La Fiscalía estima que, solo entre 2008 y 2009, Isjoma habría cobrado del Ayuntamiento de Alicante sobrecostes por cerca de 850.000 euros al margen del contrato municipal. El fiscal Felipe Briones destaca además que, tras el registro de los ordenadores de Isjoma, se encontraron plantillas de certificaciones de trabajos sin rellenar y con los nombres de los técnicos responsables, entre ellos el exjefe del servicio y ya fallecido, Víctor López. Por ello, considera que estas plantillas de certificaciones las elaboraban realmente la empresa, y no los técnicos del Ayuntamiento, para cobrar al Consistorio por trabajos no realizados.

Acusa de prevaricación, tanto a los técnicos como al edil del área Andrés Llorens, por ser conscientes de ello y por facilitar que se trocearan estas facturas para que no pasaran por los órganos de inspección municipales al tratarse de contratos menores. Fraccionamientos que, destaca, comenzaron cuando Llorens llegó a la concejalía en 2007.

Por otra parte, también llama la atención sobre cómo se pudo aceptar la oferta de Isjoma para prestar el servicio de montaje de material para eventos cuando la presentada por otra mercantil, Alavés, fue casi un millón de euros más económica. Y añade que es extraño que la Mesa de Contratación del Ayuntamiento aceptara esta diferencia de precio sin más y se decantara por la oferta de Isjoma al recibir mejor puntuación por parte de los técnicos municipales.

En cuanto al entonces edil de Hacienda y también acusado, Juan Zaragoza, el Ministerio Fiscal considera que podría haber cometido un delito de revelación de secretos ya que mantuvo varias reuniones y facilitó información municipal a los representantes de Alavés, la empresa que ejerce la acusación particular al considerarse perjudicada por no ser seleccionada como la adjudicataria del servicio pese a lo ventajoso de su oferta.

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Y es que, recordamos, la investigación sobre este caso se inició a raíz de unas grabaciones de Alavés a Zaragoza durante uno de sos encuentros entre ambos. Encuentros en los que Zaragoza reconoce, entre otras cosas, que se estaba produciendo fraccionamientos de los que Andrés Llorens era consciente ya que firmaba las facturas y no ponía problemas. Es más, cuando la tensión entre ambas empresas va en aumento, según Fiscalía, el exedil de Hacienda llega a intentar que ambas pactaran para "evitarse problemas". Problemas y conflictos que han derivado ahora en este juicio.

Las defensas piden la absolución

Por su parte, las defensas de los acusados niegan que se haya cometido delito alguno. Aseguran que la relación de los responsables de Isjoma con el Ayuntamiento de Alicante era la habitual de un adjudicatario municipal.

Inciden, además, en la posible ilegalidad de las grabaciones que iniciaron la investigación e insisten en que los delitos de los que se acusa a sus clientes ya han prescrito. Por ello, piden la absolución de los acusados.