Los exconcejales Llorens y Zaragoza se exculpan de las irregularidades de ISJOMA y se amparan en los técnicos

Alicante

En la segunda sesión del juicio por el caso ISJOMA, han declarado los exediles del PP Andrés Llorens y Juan Zaragoza, acusados por irregularidades en la adjudicación de contratos para el montaje de escenarios e infraestructuras festivas a través de una trama para beneficiar a la extinta empresa ISJOMA.

Tanto Llorens como Zaragoza se han eximido de toda culpa en la concesión de contratos menores para ese suministro de equipamientos, sillas y escenarios que, según la acusación pública, superaba el límite cuantitativo.

Llorens ha insistido en que él era "político" y "no conocía todos los detalles", pero todo pasaba antes por el jefe de Atención Urbana, el ya fallecido Víctor López, y por otros altos funcionarios y, a preguntas del fiscal, ha añadido que nunca fue consciente de que se estaban fraccionando contratos. "Víctor López lo hubiera detectado", ha dicho.

También ha explicado que media hora antes del día de la adjudicación a ISJOMA, el empresario denunciante, José Antonio Alavés, se presentó en el despacho de la entonces alcaldesa, Sonia Castedo, para quejarse de "la injusticia" que se iba a cometer contra su mercantil y que ella encargó un informe al jefe de Contratación para garantizar que el expediente se había tramitado de forma correcta, algo que ha corroborado minutos después la propia Castedo en su declaración.

Zaragoza, por su parte, vicepresidente de la mesa de contratación, ha reconocido que mantuvo con el propietario de ISJOMA una comida una vez presentada la oferta económica. Y la ha justificado en una deuda pendiente con él y en que este quería que mediase "para limar asperezas" con su rival en la contrata. También se ha referido a las reuniones que mantuvo con la familia Alavés, cuyas grabaciones sirvieron de base a la denuncia que ha abierto este juicio. Según Zaragoza, en la última de estas reuniones Alavés padre e hijo estaban muy descontentos por no haberse hecho con la contrata y querían inducirle "a cometer una ilegalidad".

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Acto seguido, el empresario perjudicado, que ha declarado como testigo, ha dicho que Zaragoza le pidió "pactar" con la otra empresa y que eso "no era lógico", ya que la suya contaba con todo el material y la flota necesarios, y además era "casi un millón de euros más barata" que ISJOMA, por lo que le resultaba más ventajosa al Ayuntamiento.

Este miércoles está previsto que declaren más testigos, entre ellos el letrado mayor del Ayuntamiento de Alicante o el jefe del servicio de Contratación, José María Simón.