Comienza el juicio en la Audiencia Provincial contra los ediles Llorens y Zaragoza por fraccionar pagos para beneficiar a la mercantil ISJOMA

Alicante

Este martes declararán en el juicio del caso ISJOMA los dos exconcejales del Ayuntamiento de Alicante, Andrés Llorens y Juan Zaragoza, ambos del PP, por las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación de contratos para el montaje de escenarios e infraestructuras con motivo de la celebración de actos culturales o festivos.

También lo hará de forma telemática por estar fuera de Alicante el empresario perjudicado, José Antonio Alavés, que inició la denuncia.

La Fiscalía Anticorrupción les acusa de haber participado en una trama al servicio de la empresa ISJOMA, durante los mandatos de los exalcaldes también del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.

En la primera sesión del juicio que ha arrancado este lunes ha comparecido el propietario de ISJOMA, Isidro García, para el que se solicita un año y 6 meses de cárcel, ha insistido en que él solo se dedicaba al montaje y que el técnico jefe de Atención Urbana, Víctor López, ya fallecido, era quien le "decía cómo facturar".

Reconoce que celebró dos comidas con el edil Juan Zaragoza. La primera, ha dicho, para pedirle que le pagara facturas de 80.000 euros pendientes, de 2007, y la segunda, después de la apertura de plicas, afirmaba. Hasta cinco veces ha negado a las preguntas del Ministerio Fiscal haber sido "intermediario para llegar a un acuerdo" con Zaragoza, que era vicepresidente de la mesa de contratación, y que su empresa fuera favorecida en las adjudicaciones sucesivas.

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Sobre si le ofreció un reloj de lujo a este edil, también lo ha negado. Dice que tan solo le comentó: "¡Vaya mierda de reloj que llevas!", al pensar que se trataba de una falsificación.

Lo que sí ha defendido han sido las consecuencias que todo el asunto supuso para su empresa: "el cierre después de 30 años" de ISJOMA y "quince familias en la calle".

También ha declarado el jefe de Talleres, Ginés Pérez, para el que se demandan dos años de cárcel.

El Ministerio, por su parte, ha insistido en que el área de Atención Urbana inició en 2003 una contratación paralela por valor de 841.000 euros, con casi 300 contatos menores entre 2007 y 2009, fechas de extinción de contrato con ISJOMA. El competidor directo de ésta, José Antonio Alavés, representa a la acusación particular por la empresa Alavés, grabó una de las conversaciones que mantuvo con Zaragoza y la aportó a Fiscalía.

Su abogado, José Alberto Ferrer, ha hecho hincapié en las irregularidades detectadas por parte de los dos concejales acusados.

Una grabación que los cuatro abogados de las defensas han puesto en entredicho en la fase de cuestiones previas, y por la que pedían la nulidad, pero que el juez ha desestimado en principio.