Piden 21 años de cárcel para exconseller Castellano por el "cártel de fuego"

La Fiscalía Anticorrupción solicita 21 años de prisión para el exconseller y ex delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana del Partido Popular Serafín Castellano por favorecer, presuntamente, a un empresario en procesos de adjudicación de contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea. Una actuación por la que, según la tesis del fiscal, era premiado "en forma de cacerías, monterías, hospedajes, viajes, dinero en metálico y hasta baúles con jamones".

Anticorrupción le acusa por delitos de cohecho, malversación o asociación ilícita, entre otros, y pide para él una condena de 21 años de prisión. Sin embargo, para el empresario al que presuntamente favoreció, Vicente Huerta, con quien mantenía una "intensa y corrupta relación", solicita 24 años de cárcel, según el escrito de conclusiones provisionales.

Junto a ellos, se sentarán en el banquillo otra treintena de personas a quienes el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, propuso juzgar por formar una supuesta organización criminal que, presuntamente, se concertó para alterar la adjudicación de contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea mediante la corrupción de funcionarios y autoridades. Ocurrió entre 1999 y, "al menos", 2018, y aunque en la Comunitat Valenciana fue donde se detectaron más irregularidades, el caso también afectó a otras comunidades autónomas como Cataluña e incluso a otros países. Según los cálculos del juez, se pudieron concertar contratos por un total de 151.585.386,22 euros.

Por estos hechos también estuvo investigado quien fuera director general de Interior en la Conselleria de Justicia de la Generalitat Valenciana, Pedro Hidalgo, ya fallecido. La Fiscalía desgrana en su escrito el modo de actuar de una "asociación de personas y empresas" dedicadas a la navegación aérea y especialmente a la extinción de incendios forestales que, "con previos pactos clandestinos y ánimo de lucro, imponían a las administraciones contratantes precios superiores de los que derivarían de la libre y transparente concurrencia".

Acusados integrados en dichas empresas "se concertaron con varios funcionarios y autoridades con la finalidad de defraudar a las administraciones públicas y lucrarse a costa de estas", añade el fiscal. En el caso de Serafín Castellano, que ocupó las Consellerias de Justicia, Administraciones Públicas, Sanidad y Gobernación entre 1999 y 2014, la Fiscalía cree que fijó, junto al empresario Huerta, "la forma de proceder para lucro de este último y sus empresas con ocasión de la contratación pública con la administración regional".

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"Se entendían entre sí para que, en beneficio de Avialsa T35, se ampliasen a costa del erario público contratos mediante prorrogas indebidas" o se "adjudicasen y firmasen contratos, sin declararlos desiertos como procedía". Además de ellos, por esta causa se sentarán en el banquillo empresarios de la navegación aérea, autoridades y funcionarios de las administraciones valenciana y catalana.