El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso que había presentado la exdirectiva de EMT Celia Zafra por su despido tras el fraude de los cuatro millones de euros
Contra esta decisión no cabe recurso
Celia Zafra y su abogado a la salida de la Ciudad de la Justicia de València / Cadena SER
Valencia
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la exdirectiva de la EMT Celia Zafra contra la decisión del TSJCV de declarar procedente su despido por su "grave negligencia" durante el fraude contra la empresa municipal. El Tribunal ha señalado también que contra este auto no cabe recurso alguno.
En su auto de inadmisión, el Supremo relata que Zafra “remitió a los estafadores documentos de la empresa con los que dio acceso a las firmas de los apoderados de la sociedad, facilitando de este modo su falsificación”. “En la sentencia recurrida la trabajadora tenía un puesto de responsabilidad en la empresa, y debió tener un comportamiento más sigiloso y no haber dado crédito a la operación financiera sin tan siquiera realizar antes unas mínimas comprobaciones con sus superiores.
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Zafra fue despedida el 27 de septiembre de 2019 por haber remitido a los presuntos estafadores documentos con las firmas del director gerente y la directora de Gestión (solo se podían realizar pagos con la firma mancomunada de ambos), unos documentos que facilitaron la falsificación de sus firmas para llevar a cabo el fraude contra EMT.
Tanto en el ámbito laboral como en el contable la judicatura ha dado la razón a EMT València, que aparece en todo caso como perjudicada. El Tribunal de Cuentas declaró el pasado mes de junio a Zafra responsable directa del fraude de la EMT y la condenó a devolver los más de 4 millones de euros defraudados a la empresa pública, además de los intereses de demora.
También sigue su curso el proceso penal en el juzgado de instrucción número 18, donde la exdirectiva está personada como investigada y Caixabank como posible responsable civil subsidiaria. EMT también ha solicitado al juez que investigue a CaixaBank por presunto blanqueo de capitales durante el fraude cometido contra la empresa municipal.
