Condenado un empresario de Petrer, 15 años después, por un delito de estafa
Dejó a deber casi 700.000 euros a diferentes empresas y autónomos de la construcción
Audiencia Provincial de Alicante / Silvia Cárceles
Elda
La Audiencia Provincia de Alicante ha condenado, 15 años después, a un conocido empresario de Petrer, por un delito de estafa.
Los hechos se remontan a 2007 cuando dos de los cinco acusados, constituyeron una Sociedad Limitada cuyo objeto era la compraventa y promoción inmobiliaria en un terreno en Onil con la finalidad de construir un edificio de 17 viviendas, varias plazas de garaje y trasteros. Para invertir en esta compraventa, se obtuvo de la CAM un préstamo suelo y para la financiación de la construcción un préstamo hipotecario entre la entidad y la mercantil de 1.940.000 euros.
De otro lado, el condenado, S.S.R, creó una sociedad, junto con uno de los acusados para ejecutar la construcción de estas viviendas de la promoción mediante la cual se realizarían trabajos de albañilería, fontanería y carpintería en todo tipo de reformas así como pequeñas construcciones. Así, el empresario condenado, aprovechando la cuenta de la empresa promotora en la entidad financiera, efectuó múltiples transferencias, extracciones de dinero y otras operaciones, distrayendo el dinero existente y destinado a financiar la construcción, lo que supuso que, numerosas personas físicas y empresas que habían realizado trabajos de distinto tipo con aportación de medios personales y materiales para la promoción se vieran perjudicadas por impago.
12 empresarios y autónomos que realizaron un trabajo pero o no cobraron o no lo hicieron en su integridad, debiéndoles una cantidad total a todos ellos de 684.000 euros.
La Audiencia Provincial de Alicante ha absuelto a cuatro de ellos, entre lo que se encuentra el hijo del condenado, aunque al empresario se le ha condenado como autor de un delito de estafa con pena de nueve meses de prisión y una multa de cinco meses con una cuota diaria de seis euros con responsabilidad subsidiaria en caso de impago, el pago de una quinta parte de las costas procesales y la indemnización del dinero pendiente de pago a los empresarios y autónomos que presentaron denuncia con los intereses correspondientes.
