¿Por qué se puede evitar pasar por la cárcel renunciando estar en un país?

Benidorm

Esta semana se ha conocido la resolución del caso de un hombre que se disfrazaba de oso panda para abusar sexualmente de las niñas que se acercaban. La sentencia condenaba al acusado a una pena de entre cuatro y seis años de cárcel. Tras declararse culpable en la Audiencia de Alicante cerró una conformidad con la Fiscalía que implica la sustitución de esta condena por la expulsión del territorio nacional durante un periodo de diez años. Santiago Talavera, abogado de Santiago Talavera Abogados, ha explicado en Hoy por Hoy Benidorm cómo funciona la legislación en estos casos y por qué es posible.

"La ley es la ley"

Santiago Talavera, abogado penalista, ha comentado este caso explicando por qué se puede dar el caso de que un delincuente condenado a pasar por la cárcel puede evitarlo volviendo a su país. El letrado del bufete Santiago Talavera Abogados ha explicado que la ley ofrece esta vía como castigo siempre y cuando el acusado no sea de nacionalidad española, pero que no es tan fácil de lograr, ya que "el juez es el que decide. El acusado puede pedir esta expulsión, pero el juez puede decidir si se lo concede o le obliga a pasar por la cárcel".

Una de las dudas que surgen son en torno a si en el país al que vaya conocerán sus antecedentes. El propio jurista indica que "las bases de datos aquí son a nivel europeo, no se si en otros países tienen acceso a la información del ministerio de justicia de aquí". También se ha tenido en cuenta una consideración, y es que "las cárceles de aquí están saturadas", por lo que se puede entender este tipo de sentencias.

Evita cuatro años de cárcel por abusar de niñas en Benidorm disfrazado de oso panda

La Audiencia de Alicante había condenado a penas que suman cuatro años de prisión a un hombre que se disfrazaba de oso panda para abusar sexualmente de las niñas que se acercaban para hacerse fotos con él en la vía pública en Benidorm. Las víctimas eran dos niñas de diez y once años de edad. El hombre se declaró culpable en una vista celebrada este mes en la Audiencia de Alicante y cerró una conformidad con la Fiscalía, que inicialmente le pedía seis años de prisión. Este acuerdo implica la sustitución de la condena por la expulsión del territorio nacional durante un periodo de diez años, cinco años por cada delito, ya que abusó de dos menores.

Este delito se cometió el 9 de noviembre de 2019 en la calle Emilio Ortuño de Benidorm. El fallo considera probado que el acusado, de nacionalidad ecuatoriana, se ofreció a un grupo de niñas para que se hicieran fotos con él mientras se encontraba disfrazado de oso panda. Aprovechando que las menores se habían colocado a ambos lados para tomarse la fotografía, movido por una evidente intención de satisfacción sexual, palpó con su mano de manera reiterada las nalgas de la una niña, que tenía entonces once años de edad, y que se apartó del lugar asustada, relata el fallo. A continuación, y con la misma intención lasciva, agarró las nalgas de la otra víctima, de diez años, durante todo el tiempo que transcurrió mientras se hacían la foto. Las dos afectadas alertaron de lo que les había ocurrido, tras lo cual se dio el arresto del ahora condenado.

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El procesado se declaró culpable de los hechos en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial y aceptó que la pena de prisión se le sustituya por expulsión del territorio nacional. El fallo le condena a dos años por cada uno de los dos delitos de abuso sexual, que será sustituidos por cinco años de expulsión del territorio nacional por cada delito. En el caso de que incumpliera esta restricción, tendría que ingresar en la cárcel para cumplir la condena impuesta.

El fallo le impone también una orden de alejamiento que le impide acercarse a los dos víctimas durante cinco años. También le inhabilita durante seis años para poder ejercer cualquier oficio que conlleve el contacto regular y directo con menores de edad. La sentencia especifica además que deberá tener cinco años de libertad vigilada, así como a indemnizar a cada una de las víctimas con 500 euros. Esta resolución es firme y no hay manera de recurrirla.