Ayuso destinará los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a fomentar los valores de la familia y la natalidad

Madrid

El gobierno de Ayuso ha adjudicado varios contratos, por valor de 7 millones de euros, para los cinco Centros de Apoyo y Encuentro Familiar (CAEF) de la Comunidad, espacios dedicados sobre todo a la mediación y conciliación familiar, que realizan también actividades para la promoción y difusión del valor de la familia y el fomento de la natalidad. Cuestiones que nada tienen que ver con la lucha contra la violencia machista, a pesar de que se financian con cargo a los fondos estatales del Pacto contra la Violencia de Género.

En el PSOE denuncian que esta situación responde al negacionismo de la presidenta, que niega la existencia de esta lacra social. "Supone una merma para las víctimas, desviando fondos que son para ayudar a esas mujeres y a sus hijos a salir de esa espiral de violencia y a empezar una nueva vida" explica la diputada Lorena Morales, portavoz del PSOE en materia de Políticas Sociales. "No sólo no tienen que ver con el objetivo, sino más bien al contrario, porque entre sus objetivos está facilitar el vínculo del menor con el progenitor con el que no convive, aunque sea un maltratador", añade.

La memoria que justifica estos contratos sólo habla de violencia de género en uno de sus párrafos, cuando se habla del servicio de punto de encuentro familiar y las charlas y talleres complementarias. Y lo hace hablando primero de "violencia intrafamiliar" primero, un término utilizado frecuentemente por la ultraderecha para evitar la orientación machista de este tipo de agresiones.

También se detalla en la documentación que estos CAEF se dedicarán al apoyo en el duelo tras pérdida sobrevenida de un menor de edad, la promoción o apoyo a la difusión del valor de la familia o al fomento de la natalidad.

Los socialistas denuncian, además, que tres de las empresas adjudicatarias del servicio ni siquiera están especializadas en familia. Hablan de AEBIA, la entidad que gestiona varios de estos contratos, que pertenece a URBASER, una empresa inmobiliaria. José María Pascual-Adalid, administrador de AEBIA, es también director de Inserción Social de Urbaser. "Este hombre es fundador de la Fundación Filia, que defiende el síndrome de alienación parental", apunta Morales.

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Fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales han señalado que los programas de atención "se ajustan a las líneas planteadas en el Pacto de Estado contra la violencia de género como así ha certificado el Ministerio de Igualdad en los últimos seis años".

Asignaturas pendientes

Además, recuerdan que a Madrid todavía le quedan muchas cosas por hacer en la lucha contra la violencia machista. Entre ellas, la posibilidad de emitir del título habilitante, el mecanismo del gobierno para que las víctimas puedan recibir esa denominación por parte de la administración, sin tener que interponer una denuncia que dificulte su situación. Una herramienta que deben implementar las comunidades autónomas y que Ayuso sigue demorando.

Madrid es la comunidad que más órdenes de protección deniega, junto a Cataluña. De hecho, se deniegan más de las que se aprueban. Sólo en 2024 se denegaron 2.700. La Ley madrileña de Violencia de género es de 2005 y desde entonces no se ha realizado ninguna actualización.