Claves del ‘caso mascarillas’: una estafa al Ayuntamiento de Madrid, 6 millones “pa’ la saca” y una medalla “por el esfuerzo”

Madrid

Después de cuatro años de investigación, hoy empieza el juicio por el llamado “caso mascarillas” en la Audiencia Provincial de Madrid. En el banquillo, se sientan los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, supuestos responsables de una estafa al Ayuntamiento de la capital durante los peores momentos de la pandemia.

Ambos están acusados de haber vendido al consistorio material sanitario defectuoso en una operación que les permitió embolsarse hasta seis millones de euros en comisiones.

¿Qué se juzga?

Los hechos ahora juzgados se remontan a marzo de 2020. La pandemia se expande de manera descontrolada, los muertos por Covid se cuentan, cada día, por centenares y los españoles viven con incertidumbre los primeros días del confinamiento. Por su parte, las autoridades tratan de hacer frente a un virus todavía desconocido sin el material sanitario adecuado.

En este contexto, el Ayuntamiento de Madrid recibe una oferta para adquirir mascarillas. Es Luis Medina quien se pone en contacto con un alto cargo municipal para hacer la propuesta. Después, Alberto Luceño se encarga de las negociaciones comerciales. Es él quien, según cuenta, ha conseguido productos sanitarios de un empresario malasio, llamado San Chin Choon, que puede traer a la capital.

El Ayuntamiento de Madrid firma con ellos tres contratos por los que pagó 15,8 millones de euros a cambio de un millón de mascarillas, dos millones y medio de pares de guantes y 250.000 test rápidos para detectar el virus. Las compras se tramitan a través de la Funeraria de Madrid, el organismo designado para centralizar este tipo de operaciones comerciales.

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Precios desorbitados y material defectuoso

La Fiscalía señala en su escrito de acusación que se trata de un precio “muy superior” al que ofrecían otros suministradores y que se debía a la imposición de unas “comisiones desorbitadas” que ambos empresarios ocultaron al Consistorio. De esos 15,8 millones, 6 correspondían al dinero que se embolsarían Luceño y Medina solo por intermediar.

Según el auto de procesamiento, las mascarillas que llegaron a Madrid eran las más caras del mercado. Los empresarios engordaron un 60% su precio original para incrementar la cuantía de su comisión. En el caso de los guantes de nitrilo, estos costaban un 81% más caros que otros similares disponibles en el mercado en ese momento.

Además, incumplían lo acordado con el Ayuntamiento: no llegaban hasta el codo, como estaba previsto para ser repartidos entre los sanitarios, sino que apenas cubrían la muñeca. Tras la queja del Gobierno municipal, Luceño devolvió casi cuatro millones de euros a través de una transferencia bancaria. Los test entregados también resultaron, en su mayoría, inservibles por su baja sensibilidad.

El papel del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Madrid está personado en la causa como víctima. Durante la instrucción, el juez rechazó que el Consistorio estuviera implicado en la trama. La oposición, sin embargo, señala que la clave del caso está en cómo Luceño y Medina llegaron a las puertas del Ayuntamiento para conseguir contratos millonarios.

Según el magistrado, Luis Medina “valiéndose de su condición de personaje público y famoso”, consiguió el teléfono de Carlos Martínez Almeida, primo del alcalde de Madrid. Y fue él quien le puso en contacto con Elena Collado, alto cargo municipal que negoció la compraventa y que dio la primera voz de alarma sobre la estafa. Tanto Collado como el familiar de José Luis Martínez Almeida tendrán que declarar en las próximas semanas como testigos en la Audiencia Provincial de Madrid.

“Pa’ la saca”

La causa judicial incorpora los correos electrónicos intercambiados entre ambos comisionistas los días posteriores a la operación. Luceña le comunicó a su amigo Medina que ya se había efectuado el primer pago. “Pa’ la saca” decía en el texto.

La investigación apunta a que Medina, el hijo del duque de Feria y Naty Abascal, se compró un barco con la comisión cobrada. Luceño optó por coches de lujo (desde un Ferrari a un Lamborghini) y un piso en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, valorado en más de un millón de euros.

Así será el juicio

El juicio arrancará este martes y habrá sesiones hasta el 26 de febrero, la jornada en la que van a declarar los acusados. El Ayuntamiento de Madrid mantendrá en el juicio que hay hechos que pueden ser constitutivos de delito.

Se trata de la misma Sala que juzgó el 'caso Madrid Arena' por la muerte de cinco jóvenes en una avalancha en una fiesta celebrada en octubre de 2012, al conocido como pederasta de Ciudad Lineal y recientemente al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

El juez Adolfo Carretero acusó tras la instrucción a Luceño de un delito continuado de estafa agravada, delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular y delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular.

Respecto a Medina, se abría juicio oral por un delito continuado de estafa agravada y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular. El fiscal Luis Rodríguez Sol solicita en su escrito de acusación una condena de 9 años de cárcel para el hijo menor de Naty Abascal y 15 años de prisión en el caso de Alberto Luceño.

Caso aparte son las multas millonarias que deberán abonar ambos en le caso de resultar condenados. En el caso de Luceño, el fiscal reclama una multa que asciende a los 5 millones, mientras que su socio deberá pagar si es condenado una multa de 450.000 euros. Además, se solicita que ambos indemnicen con casi 8 millones de euros a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid.

A Luis Medina le imputa en concepto de coautor un delito continuado de estafa agravada y otro delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular. A Alberto Luceño le acusa de los citados delitos en calidad de autor, junto a otro delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular y otro contra la Hacienda Pública agravado.

De igual modo, el fiscal pide que este empresario indemnice a la Agencia Tributaria, en el caso de que se considere que las comisiones que obtuvo en las operaciones relatadas están sujetas a tributación, en la cantidad de 1.351.000.

El fiscal considera que procede, asimismo, decretar el decomiso de los bienes actualmente embargados, así como de cualesquiera otros en poder de los acusados hasta alcanzar la cantidad de 4.623.000 euros en el caso de Alberto Luceño, y la cantidad de 912.000 euros, en el caso de Luis Medina.