Paralizado el despegue del vehículo eléctrico

Alcobendas

El vehículo eléctrico encara otro año crucial en España con no pocas piedras en el camino, Una de ellas es el reciente rechazo de la ya muy comentada Ley Ómnibus el pasado 22 de enero en el Congreso de los Diputados, que ha afectado a muchas medidas como las pensiones, el transporte público o ayudas a las riadas.

Un paquete gubernamental no aprobado por nuestros políticos también se encuentran medidas para el vehículo eléctrico, a la movilidad sostenible cero emisiones. En este este escenario la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, AEDIVE, manifiesta la preocupación de su ecosistema empresarial, industrial, tecnológico y de servicios, tras el rechazo parlamentario a la ampliación de las ayudas para el vehículo eléctrico, a raíz de la no aprobación de la Ley Ómnibus el pasado 22 de enero en el Congreso de los Diputados.

Reclama a la clase política racionalidad, altura de miras y acuerdos rápidos para reactivar un plan de incentivos eficiente, a semejanza del MOVES 3, para mantener los compromisos adquiridos por las empresas con sus clientes y dar continuidad al compromiso trasladado por el Gobierno el pasado diciembre.

Tras el anuncio por parte del Gobierno, en diciembre pasado, de la ampliación de ayudas del MOVES 3 hasta junio de 2025, las matriculaciones han experimentado en enero un crecimiento importante del 60 % en vehículos eléctricos de batería; del 36 % en híbridos enchufables y del 100% en el canal de particulares, hasta que el pasado día 22 se reprobó la Ley Ómnibus, provocando un parón casi total del mercado.

Esta situación supone una verdadera catástrofe en términos económico, industrial, empresarial, tecnológico, energético y medioambiental, a juicio de AEDIVE, y compromete el futuro de la automoción en España, en un momento muy delicado a nivel geopolítico, en el que resulta imprescindible promover, desde la política, certidumbre y predictibilidad a las inversiones y al propio mercado.

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Este bloqueo legislativo hace imposible, además, el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que establece 5,5 millones de vehículos eléctricos en 2030, y pone en riesgo una inversión privada cercana a 60.000 millones de euros, necesaria para llegar a esos objetivos, teniendo en cuenta el impacto en toda la cadena de valor de la movilidad eléctrica y en la generación de empleo en 22 ramas de actividad diferentes, según el reciente “Estudio de Impacto Socioeconómico de la Movilidad Eléctrica en España”, por parte de AEDIVE.

Lo hablamos en nuestro espacio de Ecología de esta semana, con Antonio Quilis, y Arturo Pérez de Lucia, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, AEDIVE.