Un año judicial repleto de pelotazos urbanísticos, estafas por las mascarillas y delitos fiscales
Regresa al banquillo la Gurtel del PP en Arganda del Rey con estafa urbanística millonaria
Acceso principal de la Audiencia Provincial de Madrid
Madrid
El denominado caso Errejón se activa el día 16 con el interrogatorio al expolítico de Mas Madrid y a la denunciante, Elisa Mouliá pero tres días antes será el turno de Nacho Cano y otros 3 empleados de su compañía por los delitos contra los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores.
Entre tanto, el caso del novio de Ayuso sigue paralizado a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva el recurso para imputar a Alberto González dos delitos más, dos delitos relacionados con la corrupción económica sobre los que no puede llegar a acuerdo alguno para no ir a juicio.
El día 24 de este mes, el juzgado de instrucción número 3 de Alcalá de Henares ha citado como imputada a la alcaldesa del municipio, a Judith Piquet para que testifique sobre el delito de infidelidad en la custodia de documentos en relación con la supuesta filtración de dos denuncias de agresiones sexuales que se vincularon a inmigrantes.
La jueza quiere saber porque esos documentos acabaron, por ejemplo, en la cuenta de X-antes Twitter ,de Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid y aforado porque es diputado regional.
Todos estos procedimientos se encuentran en fase de investigación, pero 2025 se inicia con juicios muy relevantes, sobre todo para el Partido Popular. El día 17 regresa la Gurtel a la Audiencia Nacional y regresa con la pieza de Arganda del Rey, una pieza centrada en el pelotazo urbanístico que Correa y sus colaboradores, exalcaldes y exconcejales de la formación conservadora, lograron junto a empresarios como Fernando Martin en ese municipio del sureste.
El 11 de febrero se inicia en la Audiencia Provincial el juicio a otro pelotazo: el de las mascarillas que señalan a Antonio Luceño y Luis Medina como responsables de numerosos delitos de estafa continuada, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
La Fiscalía solicita 15 años para Luceño y 9 para el hijo de Nati Abascal. Se embolsaron presuntamente 6 millones de euros en plena pandemia con la venta de material anticovid.
