PSOE y Ganemos de Colmenar Viejo piden menos demagogia y más eficiencia en la tasa de basuras
Los socialistas proponen medidas para reducir el impacto a los vecinos, mientras Ganemos habla de sobreprecio de un contrato que no se cumple
Contenedores para la recogida de basuras en Colmenar Viejo
Colmenar Viejo
La nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa de basuras, que adaptará la normativa local a la ley 7/2022 y a la Directiva Europea, fue aprobada por el Partido Popular y Vox, mientras que el Partido Socialista se abstuvo. La portavoz de la formación, Paloma Maroñas, ha lamentado que no se haya aceptado ninguna de las enmiendas que presentaron dirigidas a reducir el impacto fiscal para la ciudadanía. Los socialistas planteaban una bonificación del 100% de la tasa para familias en situación de vulnerabilidad, una bonificación de hasta el 50% para familias monoparentales o familias numerosas, o del 50% para aquellos contribuyentes que acrediten la utilización del punto limpio o participen activamente en la separación de residuos. A estas bonificaciones habría que sumar la de entre el 3% y el 5% para aquellos que se adhieran al sistema especial de pagos.
Maroñas cree que PP y Vox están más preocupados por hacer demagogia sobre esta tasa y atacar al Gobierno de España, que ocupados en que afecte lo menos posible a la ciudadanía. Para que el impacto al bolsillo de los vecinos sea menor proponen una rebaja del IBI del 0,44% actual al 0,40%, el mínimo legal; la anulación de la ordenanza de plusvalía, la rebaja del ICIO del 3,5% al 1%, o la congelación de todas las tasas e impuestos municipales para el año 2025.
Ganemos denuncia el sobreprecio de un contrato que no se cumple
Desde Ganemos Colmenar han lamentado que para la elaboración de la ordenanza no hayan contado con todos los grupos políticos, y afirman que lo grave es que los más de tres millones de euros que ahora pagarán los colmenareños con esta tasa van a ir destinados a servicios que no se cumplen. El concejal de la formación, Hernán Gil, ha insistido en su denuncia de que la empresa adjudicataria del servicio incumple constantemente el contrato. Como ejemplos, denuncia que no se han puesto los sensores que miden el volumen de ocupación de los contenedores, que no se cumpla con el mantenimiento en tiempo y forma de estos, o que no se ha implantado el quinto contenedor marrón para residuos orgánicos. Gil dice que las penalizaciones son mínimas y a la empresa le conviene más pagarlas que cumplir con las especificaciones recogidas en el contrato.
