Expulsión ilegal de migrantes en Alcalá de Henares según la Fiscalía
Consideran que la expulsión de una veintena de migrantes del CAED instalado en la base Primo de Rivera el pasado 23 de enero es "contraria a los derechos humanos"
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Alcalá de Henares
El hecho fue denunciado públicamente por varias entidades locales y estatales. El pasado 23 de enero, un grupo de migrantes alojados en el Centro de Acogida de Alcalá de Henares (CAED) fueron expulsados por la organización que gestiona el recurso, avalado por la Secretaría de Estado de Migraciones que depende del Ministerio de Inclusión. Una actuación "por vía de hecho" que fue recurrida en los juzgados por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado.
Ahora, según informó en una nota de prensa, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha sumado al recurso solicitando que se declare contrario a los derechos humanos el abandono de migrantes en situación irregular y de vulnerabilidad. Entiende el ministerio fiscal que el abandono por parte de la administración pública de estas personas es contraria al derecho internacional de derechos humanos y al derecho fundamental a la integridad física y moral, al dejarlos "sin atención, seguimiento, alojamiento ni medios legales para poder satisfacer sus necesidades vitales básicas".
Hoy por Hoy Matinal Henares (13/06/2024)
10:00
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La alegación, dirigida a la Sala de lo Contencioso-Administrativo y firmada por el fiscal Manuel Campoy, ha sido realizada en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado.
Riesgo relevante, vulnerabilidad y abandono
La Fiscalía entiende, además, que la expulsión generó "una situación de riesgo relevante de lesión" a las personas afectadas porque se las dejó "en situación de abandono y alegalidad, sin alojamiento, atención, seguimiento ni medios legales para poder satisfacer sus necesidades vitales básicas".
Más información
Explica el fiscal que, según el recurso de Red Española, se ejecutó la expulsión “sin darles una solución u orientación acerca de su situación jurídica en España, información básica al respecto de sus derechos o cualesquiera otra consideración (...) y aún menos vías para la capacitación laboral tendente a su integración", ni tampoco una derivación a los servicios sociales de referencia, ni a Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ni a la Comunidad de Madrid.
La Red reclama que se revierta la situación creada mediante amparo judicial de las libertades y derechos, regulada por los trámites del “procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona”.
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Javier Galicia
Licenciado en Periodismo. En la antena de SER Henares desde el año 2001, en la actualidad es delegado...
