Si Leganés quiere soterrar la C-5 tendrá que sufragar el 70 por ciento de la obra
El ministro Óscar Puente ha recordado que los territorios son los que tienen que asumir la mayor parte del coste y apuesta por una integración de las vías en el entorno en lugar de soterrarlas
Leganés
Aunque con cada vez menos opciones de llevarse a cabo, el proyecto para soterrar las vías del tren a su paso por ciudades como Leganés, Fuenlabrada, Móstoles o Alcorcón siempre ha estado sobre la mesa de las promesas. Aunque algunos Ayuntamientos ya han apostado por integrar la vía con soluciones alternativas, como en Fuenlabrada, otros como Leganés tienen pendiente una reunión (de momento aplazada) para volver a hablar del soterramiento de la C-5. Incluso algunos grupos parlamentarios como Sumar quieren que se debata en el Congreso.
Sin embargo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha recordado que tienen que ser los territorios, y no el Gobierno de España, quienes den el paso presupuestario. Y que la próxima Ley de Movilidad Sostenible, de hecho, contemplará que esos territorios (los Ayuntamientos directamente, aunque también con ayuda de las Comunidades Autónomas) tengan que sufragar el 70 por ciento de los gastos. “Eso supondrá en la práctica que no va a haber soterramientos”, ha indicado Puente.
El ministro ha indicado, en una comparecencia en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Senado de este pasado lunes, que “no hay soterramientos en Europa” ya que las ciudades siempre han apostado por una “integración blanda”. Aunque ha matizado que en España “habrá lugares en los que no se puede apostar” por este modelo, como Bilbao, aunque en otras la integración en superficie “es la mejor” desde el punto de vista técnico y económico, como en el caso de Valladolid.
En 2011 los alcaldes de la C-5 (Móstoles, Alcorcón, Leganés y Fuenlabrada -sin contar con Humanes de Madrid-) ya firmaron un convenio para soterrar la vía, aunque sin concretar qué trabajos se podrían realizar. Antes, en 2007, el entonces candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rafael Simancas, calculó que serían necesarios 1.000 millones de euros para realizar esos trabajos. Teniendo en cuenta que el IPC en España ha aumentado desde entonces casi un 40 por ciento, y dividiendo el presupuesto entre los cuatro municipios afectados, cada uno tendría que aportar en torno a 245 millones de euros para las obras. Un desembolso que, sin ayudas externas de otras administraciones, sería inasumible para una administración municipal.