Familias de un colegio concertado acuden al Defensor del Pueblo porque el centro impone 'tablets' de más de 800 euros para estudiar

Madrid

Las familias del colegio religioso Claret, concertado, del distrito de Chamartín (Madrid) han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo porque el centro les impone que los estudiantes utilicen 'tablets' que cuestan 882 euros. Son alrededor de 200 familias las que llevan tiempo denunciando y oponiéndose a la decisión del centro de implantar un plan digital en algunos cursos (5º y 6º de Primaria y 3º de la ESO).

Todo empezó a principios del verano pasado, cuando conocieron la idea del colegio. No les gustó y así se lo trasladaron al centro. El curso comenzó y las familias que no quisieron comprar los dispositivos electrónicos han pasado "un calvario porque los niños veían que todos sus compañeros iban con 'tablets' y que ellos no. Además, no nos querían proporcionar el ISBN de los libros equivalentes a las licencias digitales. Entonces a los niños eso les ha causado una situación de incertidumbre que, incluso, llevó a dos niños a marcharse del colegio una vez empezado el curso porque no soportaban esa presión", cuenta una madre que prefiere no dar su nombre para evitar problemas del centro con sus hijos.

Las familias han puesto quejas también ante la Consejería de Educación y han tenido alguna reunión pero no ha surtido efecto. "Nos sentimos totalmente abandonados con esta injusticia y esta irregularidad. Estamos frustrados e indefensos porque, a pesar de que de palabra y en reuniones se nos ha dado la razón y se nos ha dicho que se van a tomar medidas, en la práctica llevamos más de un año esperando una respuesta formal y no lo hacen. El viceconsejero de Organización Educativa se comprometió a contestarnos y eso no se está cumpliendo", explica esta madre.

Las familias lamentan que el centro ha sacado la circular del próximo curso en la que vuelve a señalar la necesidad de utilizar dispositivos electrónicos. "Se está vulnerando el principio de gratuidad de la enseñanza. Además, este método no está totalmente respaldado por pedagogos y por profesores y en otros países y en otros colegios se está dando marcha atrás porque no mejora la enseñanza, disminuye la comprensión lectora y causa muchas distracciones en el alumnado", relata esta familiar. Y es que el rechazo a este método para estas familias se debe no solo al precio si no también a las dudas que genera enseñar a través de pantallas.

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La dirección del colegio Claret se escuda en la autonomía del centro. "La LOE, en su artículo 120, hace referencia a la autonomía de los centros. Los centros podemos adoptar innovaciones pedagógicas, programas educativos, planes de trabajo o formas de organización. Creemos que es totalmente lícito la introducción de la tecnología como una herramienta educativa", señala la directora del centro, Camino Rodríguez de Sadia. "Nosotros trabajamos con esta herramienta y les estamos diciendo a las familias que es nuestro modelo pero no vamos a desatender a ningún alumno que venga sin ella. Pero nuestro modelo, nuestra metodología y nuestro profesorado trabaja con esta herramienta", insiste.

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Desde el colegio defienden que una cosa es que la educación tenga que ser gratuita y otra es que lo tengan que ser los recursos educativos. "Un centro puede pedir uniformes, un centro puede pedir libros. Nosotros damos gratuidad de enseñanza a todo el alumnado pero la herramienta es otra cosa", añade Rodríguez de Sadia. Y dicen que también tienen becas para las familias con dificultades económicas.

Fuentes de la Consejería de Educación indican que la inspección educativa "siempre actúa para garantizar el cumplimiento de la normativa en relación a la educación gratuita en los centros sostenidos con fondos públicos". Y que, además, han abierto un "procedimiento conciliador", así lo llaman, para resolver las quejas. Pero, las familias aseguran que con ellos no se han puesto en contacto.