La acusación recurre y pide que Noelia Posse sea procesada también por malversación en el caso ITV Móstoles

Móstoles

La acusación en el caso ITV ejercida por los exconcejales de Más Madrid Móstoles, Gabriel Ortega y Susana García Millán, exconcejales de Más Madrid Móstoles, finalmente han recurrido el auto de la Jueza de instrucción número 1 de Móstoles que rechazó procesar por malversación a los acusados, la exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse y otras diez personas, entre ellas ocho miembros del gobierno municipal de la anterior legislatura. Hasta ahora solo están acusados de un delito de prevaricación. La acusación pide que el proceso continúe adelante también por el delito de malversación, un delito que sí implica penas de prisión. La propia Fiscalía también se había opuesto a incorporar a la causa la malversación de caudales públicos.

En su recurso de apelación, la acusación señala que "en ningún momento la Audiencia Provincial de Madrid dijo que la causa sólo podía seguirse por el delito de prevaricación administrativa" y que "concurren suficientes indicios que hacen probable la comisión del delito de malversación de caudales públicos por unos hechos sobre los que han sido objeto de la instrucción desde el comienzo".

Fiscalía pide 12 años de inhabilitación

La Fiscalía pide 12 años de inhabilitación para la exalcaldesa de Móstoles, Noelia Posse y para ocho miembros del Gobierno municipal de la anterior legislatura. Ésta es la pena que el Ministerio Público solicita por un delito de prevaricación dentro del "Caso ITV", donde se investiga si hubo perjuicio a las arcas municipales cuando el Ayuntamiento decidió condonarle la deuda a la empresa que se encarga de hacer las revisiones técnicas de los vehículos, la ITV.

En el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso el equipo de la Cadena Ser en Madrid, el Ministerio Público sostiene que los acusado "ocasionaron un perjuicio económico" al ayuntamiento de Móstoles valorado en 615.000 euros al perdona la deuda adquirida por esta empresa y al reducir el canon anual. Recuerdan además que el Gobierno Municipal tomó la decisión "a pesar de contar con un informe desfavorable del interventor" que había alertado sobre la ilegalidad del procedimiento"