Levantado el secreto de la investigación por las presuntas irregularidades en contratos menores en el Ayuntamiento de Móstoles en 2017

El juzgado de instrucción número 5 de Móstoles ha levantando el secreto de la investigación (diligencias previas) de la UCO sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos menores que afectan a varias áreas del ayuntamiento de Móstoles, en los años 2016 y 2017, momento en el que el gobierno municipal estaba formado por PSOE, Ganar Móstoles e IUCM, bajo la alcaldía de David Lucas, actual Secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana.

La UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registró el ayuntamiento de Móstoles en septiembre y noviembre de 2020, en busca de información relacionada con contratos menores adjudicados en 2016 y 2017 fechas en las que el alcalde de Móstoles era el socialista David Lucas. Una operación que se enmarca en la denuncia interpuesta tiempo después, por el exdirector de Hacienda del Ayuntamiento, Sergio Gil del Sol, ante la Fiscalía, que conllevó una denuncia a su vez, en enero de 2019 por parte del Ministerio Público por los delitos de falsedad de documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos.

Sergio Gil del Sol fue cesado por el gobierno de Noelia Posse y petición del concejal responsable de esa área "por pérdida de confianza", en marzo de 2018 , tras la llegada de Posse a la alcaldía, después de la dimisión de David Lucas. Gil del Sol denunció esta circunstancia y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 27 de Madrid anuló el cese. En ese momento, el fallo que fue recurrido por el ayuntamiento, decía que su desvinculación de la corporación municipal "vulneró la garantía de indemnidad que protege al empleado público de las represalias de sus superiores", cuando, "en cumplimiento de una obligación legal y de los deberes propios del ejercicio de sus funciones, denuncia ante las autoridades judiciales conductas presuntamente delictivas de que tiene conocimiento cometidas en el seno de la administración en la que presta sus servicios". El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificó la sentencia del Juzgado de los Contencioso número 27 de Madrid

En esa sentencia, se establece que "los acontecimientos acaecidos con anterioridad al cese del demandante y la proximidad temporal y la aparente conexión entre los mismos y ese acto, constituyen indicios suficientes para sospechar o presumir que dicho cese constituía una represalia por la presentación de la denuncia penal".

Tras la denuncia de Gil del Sol y de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles solicitó al Consistorio documentación sobre gastos relacionados con las reformas en los colegios públicos de la localidad, y en otros contratos en materia de servicios informáticos y de comunicación del Consistorio y también sobre la adquisición de material deportivo y otras contrataciones efectuadas en 2016-2017.

Ahora, cinco años después y con 17.000 folios en la investigación, la jueza del juzgado número 5 de Instrucción de Móstoles ha levantado el secreto de la investigación. Contra esta resolución cabe recurso.