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La Fiscalía pide 12 años de inhabilitación para la exalcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, por prevaricación en el caso ITV

El Ministerio Público sostiene que la exalcaldesa del PSOE y el Gobierno municipal ocasionaron un “perjuicio económico al Ayuntamiento de Móstoles” de 615.000 euros

Foto de archivo de la exalcaldesa de Móstoles, Noelia Posse(AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES)

La Fiscalía pide 12 años de inhabilitación para la exalcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, y para ocho miembros del Gobierno municipal en la anterior legislatura. Ésta es la pena que el Ministerio Público solicita por un delito de prevaricación dentro del “Caso ITV”, donde se investiga si hubo perjuicio a las arcas municipales cuando el Ayuntamiento se decidió condonarle la deuda a una empresa que se encarga de hacer las revisiones técnicas de los vehículos.

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En el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso el equipo de la Cadena SER en Madrid, el Ministerio Público sostiene que los acusados “ocasionaron un perjuicio económico” al Ayuntamiento de Móstoles valorado en 615.000 euros al perdonar la deuda adquirida por esta empresa y al reducir el canon anual a 60.000 euros. Recuerda además que el Gobierno municipal tomó la decisión “a pesar de contar con un informe desfavorable del interventor” que había alertado sobre la ilegalidad del procedimiento.

Según la Fiscalía, los hechos son legalmente constitutivos de un “delito de prevaricación” que lleva aparejada una pena de 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Este ilícito penal no contempla penas privativas de libertad, pero el fiscal solicita la máxima condena posible. El escrito señala como acusados a ocho personas que formaban parte del Gobierno municipal en la legislatura anterior, encabezado por Noelia Posse. Siete de ellos eran concejales del Partido Socialista y la octava, de Podemos. En este momento, cinco de ellos -incluida la propia Posse- forman parte del Ayuntamiento de Móstoles desde la oposición.

Los estatutos del PSOE a nivel federal establecen la suspensión de militancia de todos aquellos cargos públicos a los que un juzgado haya abierto juicio oral por algún delito. El escrito de acusación de la Fiscalía coloca a Posse y al resto de políticos socialistas en el paso inmediatamente anterior a la apertura de juicio oral.

El juez rechaza el delito de malversación

Horas antes, el juzgado de instrucción número 1 de Móstoles, que investiga el caso, había rechazado procesar a los acusados por un delito de malversación de fondos, además de prevaricación. La acusación particular, encabezada por Más Madrid, pedía que el proceso continuara adelante con ese delito que sí implica penas de prisión. La propia Fiscalía se había opuesto a incorporar a la causa la malversación de caudales públicos.

Reapertura del caso

Hace un año, la Audiencia Provincial de Madrid había ordenado el procesamiento de Noelia Posse, entonces todavía alcaldesa de Móstoles, y de ocho miembros de su equipo de Gobierno (formado por PSOE y Podemos) en el caso ITV. Según el auto judicial, el perjuicio a las arcas municipales resultaba "obvio" y añadía que no pueden ignorarse los informes de aquellos que tienen atribuciones legales para prestarlos, como el secretario o el interventor, y hacer caso a asesores externos. Antes, el juzgado había acordado el archivo provisional de la causa, al entender que "en ningún momento, ha existido voluntad por parte de la Junta de Gobierno local de causar un perjuicio para las arcas públicas", pero la Audiencia Provincial revocó esa decisión tras un recurso presentado por dos concejales de Más Madrid.

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