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El fiscal mantiene la acusación contra cuatro presuntos yihadistas, uno de ellos detenido en Fuenlabrada

El juicio ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Nacional. Piden para ellos diez años de prisión por financiar el retorno de combatientes del Dáesh

La Audiencia Nacional ha dejado el juicio visto para sentencia y la Fiscalía mantiene su petición de penas de prisión / J P GANDUL (EFE)

El fiscal ha mantenido en el juicio su petición de diez años de prisión para tres ciudadanos sirios y un marroquí detenidos en 2019 y 2020 en España acusados de financiar a combatientes extranjeros de Dáesh en Siria para que retornaran a países europeos de los que procedían en los que seguir su actividad yihadista.

La Audiencia Nacional ha dejado este jueves visto para sentencia el juicio a los cuatro acusados, dos de ellos arrestados en Madrid y los otros en la localidad madrileña de Fuenlabrada y en la toledana de Yuncos, para todos los cuales el fiscal ha pedido dicha pena por el delito de financiación del terrorismo, y para dos de ellos además otros tres años de cárcel por el de falsedad de documentos.

Por su parte los abogados defensores han reclamado la absolución de todos los acusados al estimar que no se ha acreditado que enviaran dinero para financiar a terroristas.

Acusados de financiar el retorno de combatientes

Durante su informe el fiscal ha relatado que "los acusados enviaron fondos a campos de refugiados en Siria donde se encontraban personas que habían estado integradas en una organización terrorista, Estado Islámico o también conocido como Dáesh, y que necesitaban ayuda financiera y logística para retornar" a sus países de procedencia.

Ha recordado que "el triunfo militar de la organización terrorista Dáesh en Siria e Irak tuvo una fuerza atractiva que hizo que numerosas personas se desplazaran desde distintos países, también de la Unión Europea (UE), para participar en ese conflicto".

Y ha añadido que la derrota militar de Dáesh produjo en Siria una dispersión y una separación, de tal forma que los combatientes varones fueron llevados a un campo de detención y las mujeres y los niños a otros de refugiados, los de Al Hol y Al Roj.

El fiscal ha destacado que estas personas pretendían retornar a distintos países, incluidos los de la UE, y para ello tenían que pagar a miembros de redes de inmigración ilegal para que les sacaran del campo y pudieran cruzar las aduanas.

Declaraciones policiales

En esta última jornada del juicio han declarado como peritos tres policías nacionales que elaboraron el informe "Dáesh, llamamiento a la yihad global, propaganda yihadista, combatientes terroristas extranjeros y retorno a occidente".

Han narrado que al ir perdiendo el Dáesh el control territorial con la toma de Mosul en Irak y la caída de Al Baguz en Siria a mediados de 2019 los combatientes extranjeros que hasta el momento luchaban en las filas del Estado Islámico "representaban una verdadera amenaza para occidente por la posibilidad de su retorno" a sus países de procedencia.

Por otra parte el fiscal ha indicado que para hacer llegar el dinero a Siria los acusados usaron el método conocido como "hawala" para no dejar rastro ya que "es un sistema opaco y clandestino basado en la confianza y en un sistema de compensaciones, en el que no hay documentos que reflejen los movimientos".

Los acusados niegan los hechos

Las defensas han mantenido que las entregas de dinero efectuadas no fueron para financiar el terrorismo sino para el mantenimiento de familiares en Siria.

El letrado del acusado M.A. ha precisado además que su representado, que es abogado, pertenecía al Partido Socialista Árabe, "que es enemigo de Dáesh", y ha manifestado que de hecho su cliente fue retenido en dos ocasiones en campos de detención por la organización terrorista y que fue objeto de torturas, además de que ha obtenido en España la condición de refugiado.

 
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