La Renta Mínima, en extinción

Madrid

Desde que Isabel Díaz Ayuso llegó a la Puerta del Sol, la Renta Mínima de Inserción (RMI) languidece en las cuentas regionales. Se trata de una prestación para las familias con menos recursos de la región que va desde los 469,93 euros, hasta 965 euros como máximo por unidad familiar; pero a la que en 2024 el Gobierno regional solo va a dedicar 15 millones de euros, según figura en el proyecto de presupuestos. Es un 62% menos que en las últimas cuentas aprobadas, las de 2022.

De cinco presupuestos posibles, Ayuso solo ha elaborado tres; y únicamente dos –2022 y 2024- han terminado aprobados en la Cámara regional. En todos ellos la partida para este fin ha ido menguando. En 2019, el año en el que la presidenta regional consiguió retener para el PP la presidencia de la Comunidad de Madrid gracias a un acuerdo a tres con Ciudadanos y Vox, se encontró unas cuentas que consignaban a la RMI 166,9 millones de euros, de los que efectivamente se ejecutaron algo menos de 80 millones.

En sus primeras cuentas, las de 2022, Ayuso ya recortó esta partida hasta 40millones de euros, aunque solo se otorgaron ayudas por valor de 19,3 millones, según datos provisionales de ejecución presupuestaria de la propia Comunidad de Madrid. Este año, con el mismo presupuesto disponible por la prórroga de las cuentas, se han comprometido hasta agosto -último dato disponible- apenas 6,2 millones de euros.

En total, el tijeretazo a la RMI desde que Ayuso es presidenta supera el 91% y solo en estos presupuestos su partida baja un 62%."Le dan la puntilla”, denuncia la diputada socialista Lorena Morales. “Vamos a pasar de una inversión de 167 millones con 33.000 familias recibiendo esta ayuda, a solo 15millones y 3.500 familias perceptoras, a pesar de ser la región más rica”, insiste la portavoz del PSOE en la comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea.

La cifra de beneficiarios es aún menor, según reconocen fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que la sitúa en 1.536 madrileños. Desde el departamento que dirige la consejera Ana Dávila justifican ese reducido número de perceptores por la entrada en vigor en junio de 2020 del Ingreso Mínimo Vital (IMV) estatal: “En la inmensa mayoría de los casos el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima de Inserción no son compatibles”, aseguran.

Lo cierto es que el Gobierno regional tampoco ha reformado su RMI, como han hecho otras Comunidades Autónomas, para adaptarla a esa coexistencia con el IMV estatal. Desde el Ejecutivo de Ayuso se limitan a señalar que “sigue abierta a todos aquellos que cumplan los requisitos de acceso y de mantenimiento” y achacan la jibarización de su partida en los presupuestos de 2024 a un “ajuste a la situación actual.”

El pasado mes de octubre el sindicato Comisiones Obreras, basándose en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), denunció en un informe que 1,4 millones de madrileños “está en riesgo de pobreza” y cifró en 400.000 las personas que “viven con carencias materiales severas”. Cinco meses antes, en mayo, la Red de Lucha contra La Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), situó a la Comunidad de Madrid en el quinto puesto en tasa de riesgo de exclusión social y el sexto en riesgo de pobreza.