Rezar frente a las clínicas de aborto no es delito: "Mientras esto solo afecte a las mujeres, las administraciones van a mirar a otra parte"

Madrid

Cada día, desde las 9 de la mañana, acuden voluntarios de grupos religiosos a rezar frente a la clínica Dator, en Tetuán, la primera acreditada en España para la interrupción voluntaria del embarazo. Forman parte de la asociación '40 días por la vida' que, actualmente, está llevando a cabo una campaña mundial dirigida a, tal y como describen en su web oficial, "acabar con el aborto a nivel local mediante la oración, el ayuno, y una vigilancia pacífica y constante frente a las clínicas donde se realizan abortos". Mabel, una mujer de mediana edad, que sostiene una pancarta en la que se puede leer “no estás sola, podemos ayudarte” explica a la Cadena SER que rezan por todos los niños no nacidos. "¿Quién defiende a esos niños? Nosotros queremos ser la voz de esos niños ante Dios y decirle: esos son tus hijos también".

Se organizan en turnos de manera que no quede ni una sola franja horaria sin cubrir, y siempre en grupos de menos de 19 personas para que no necesiten una autorización de la Administración. Apenas interactúan entre ellos, simplemente rezan el rosario en voz baja, casi un murmullo, aunque sí que observan con atención a las mujeres o a las parejas que cruzan las puertas de la clínica para luego dar parte por el grupo de WhatsApp que comparten con el resto de voluntarios.

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"Nosotros estamos aquí para rezar, no para expresar opiniones"

Aunque la reforma del Código Penal entró en vigor en abril de 2022 y castiga a quienes molestan a las mujeres que quieren abortar, las asociaciones religiosas han encontrado la manera de sortear la norma y adaptar su ideología a los nuevos tiempos. Las bases están claras: no acercarse a las mujeres, ni a las trabajadoras, tan solo rezar ininterrumpidamente y repiten que la reforma del Código Penal no les afecta. "De hecho, todos los voluntarios que venimos aquí firmamos como un código ético en que nos dicen que nosotros estamos aquí solo para rezar, no para expresar opiniones, ni nada", declara Mabel. "Ahora sí, si alguien se acerca y pide ayuda, claro que se la ofrecemos y les informamos". Para ella, lo más importante es que las mujeres conozcan todas las alternativas al aborto.

Para Sonia Lamas Millán, portavoz de ACAI, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo, es una vulneración y una presión, como otra cualquiera, pero camuflada de libertad religiosa: "No puede ser que a cualquier mujer que acuda a ejercer su derecho en libertad se vea restringida por pancartas, por panfletos o porque les aborden sin su permiso. Vamos a pedir que se respete el derecho a decidir".

Demostrar el acoso ante un juez es complicado para las mujeres

Para los expertos jurídicos que esta presión sea considerada delito es muy complicado porque se manifiestan de manera pacífica y alegando el derecho a la libertad religiosa". José Antonio Bosch, abogado de ACAI, considera que es una cuestión de sensibilidades ya que este problema solo afecta a un colectivo concreto de la población. "Lo que están es violentando el derecho a la intimidad de las mujeres, el derecho a la elección. Cuando el tema solo afecta a mujeres, parece que tiene un tratamiento diferente que cuando afecta a otros colectivos". Explica que con el nuevo marco legal es más fácil perseguir este tipo de delitos y que la policía puede iniciar una investigación sin que haya denuncia previa. Sin embargo, para demostrar el delito , las mujeres tendrían que ir a un Tribunal y probar que han sido víctimas de coacción o de vulneración de su libertad. "Esto no va a pasar", señala. Y sigue, "lo último que quieren estas mujeres es darle publicidad a su interrupción. Para la mayoría es un acto muy íntimo por lo que en la practica suelen quedar impunes estas acciones porque la víctima no va a ir a convencer a ningún juez".

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Bosh señala directamente a las administraciones porque afirma que tienen herramientas -ordenanzas de buena convivencia- que sin necesidad de legislar, simplemente a través de la policía local, pueden evitar que esto ocurra, pero admite que mientras esto solo afecte a las mujeres, las administraciones van a mirar a otro parte. Por eso, considera que la única forma de prevenirlo sería delimitando un anillo de seguridad alrededor de las clínicas, como ya ocurre en otros países como Reino Unido o Irlanda: "No se hizo así porque el legislador consideró que no era necesario, pensó que se solucionaría incluyéndolo en el Código Penal, pero el Código Penal no es la panacea".